Durante la madrugada de este lunes, se inició el desalojo de un asentamiento en la Quebrada La Zorra, ubicada en el sector de Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea, donde residen aproximadamente 30 familias. Este proceso se lleva a cabo tras un informe técnico que advierte sobre los altos riesgos de incendio, inundaciones y deslizamientos de tierra en la zona, lo que ha llevado a las autoridades a considerar el área como “no apta para ser habitada”.
El informe, entregado al ex alcalde Cristóbal Lira en febrero de 2024, detalla que el asentamiento se encuentra en una ladera de 300 metros horizontales, con un ancho variable de entre 30 y 140 metros, abarcando un área de aproximadamente 23,000 metros cuadrados. La pendiente en la parte superior supera el 30%, mientras que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago establece que el máximo permitido es del 15%.
Las viviendas en este asentamiento no cumplen con las normas de seguridad requeridas, como el ancho de calles y la superficie máxima ocupable. Además, se encuentran en lo que se conoce como interfaz urbano forestal, un área donde se combinan territorios urbanos y no urbanizados, lo que aumenta el riesgo de incendios debido a la presencia de vegetación combustible. El informe también señala que las casas carecen de conexiones adecuadas a la energía eléctrica y calefacción, lo que incrementa el peligro de incendios, y que el acceso para los servicios de emergencia, como Bomberos, es complicado.
El asentamiento comenzó a formarse en 2019, pero la llegada masiva de familias se intensificó a raíz del estallido social y la pandemia, que provocaron la pérdida de empleos y la imposibilidad de pagar arriendos. Desde 2020, la Municipalidad de Lo Barnechea ha estado trabajando en el proceso de desalojo, que finalmente se ha concretado tras cinco años de gestiones.
El actual alcalde, Felipe Alessandri, ha señalado que se ha realizado un trabajo diferente al de otros casos de asentamientos, como el de San Antonio. “Nos adelantamos. Se trabajó desde la oficina de Asentamientos Precarios, se catastró a los residentes y se buscó una alternativa de salida para los ocupantes ilegales”, explicó Alessandri.
Como parte del Programa de Apoyo para la Relocalización, quienes sean desalojados recibirán un subsidio de arriendo de $340,000 mensuales durante un año, además de servicios de traslado de enseres y apoyo en el embalaje. Hasta la fecha, más de 60 familias han sido reubicadas, aunque unas 30 aún se resisten a abandonar sus hogares, lo que ha generado incidentes con Carabineros durante el desalojo.
Alessandri enfatizó que “lo más relevante aquí es la vida de quienes están ahí, que hoy, en las condiciones actuales, están en riesgo frente a cualquier emergencia de la naturaleza”. La situación en la Quebrada La Zorra pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades en la gestión de asentamientos precarios en la región metropolitana.