La Fiscalía Regional de Coquimbo ha iniciado una investigación de oficio en relación con la filtración de información vinculada al caso ProCultura. Este caso involucra a Irina Karamanos, quien es la expareja del Presidente Gabriel Boric y fue directora sociocultural de La Moneda. Se alega que Karamanos habría recibido abonos que son considerados sospechosos por parte de la fundación que está siendo investigada en el contexto del Caso Convenios.
En un comunicado, la Fiscalía ha manifestado su intención de hacer efectiva “la responsabilidad penal que pudieran tener los presuntos responsables, independiente de su condición”. Esta acción se basa en las facultades otorgadas por el artículo 31 de la Ley Nº 19.913, que se refiere al lavado de activos. Este artículo establece que cualquier filtración o “difusión de antecedentes de cualquier naturaleza” puede ser sancionada con penas de presidio menor.
La Fiscalía Regional de Coquimbo ha enfatizado que los avances en una investigación penal compleja, que abarca temas como fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias, no deben ser obstaculizados por intereses ajenos a los aspectos técnicos de la causa. En este sentido, la Fiscalía ha indicado que tales intereses responden a “otras contingencias” que no están relacionadas con la investigación en curso.
Contrario a las afirmaciones de algunos sectores de la oposición, la Fiscalía ha aclarado que la causa no se encuentra abandonada. Por el contrario, se está llevando a cabo con el debido rigor bajo la dirección del fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, quien ha asegurado que la investigación avanza con “la objetividad y profesionalismo que obliga al Ministerio Público”.
El equipo encargado de la investigación está compuesto por tres fiscales adjuntos, tres abogados asistentes y dos analistas criminales. Este equipo está trabajando en conjunto con la Brigada Anticorrupción (BRIAC) de la Policía de Investigaciones de Chile. Para facilitar el desarrollo de las labores de investigación, la Fiscalía ha solicitado recursos adicionales a la Fiscalía Nacional, los cuales han sido aprobados para la contratación de dos abogados y para cubrir diversas operaciones logísticas.
Es importante señalar que este artículo se refiere a un proceso judicial en curso, por lo que los individuos mencionados no deben ser considerados culpables hasta que se emita un fallo por parte de las autoridades competentes.
