La Corte de Apelaciones de San Miguel ha confirmado la condena de exmiembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) por el secuestro calificado de la joven estudiante de Enfermería, Jenny Barra Rosales, ocurrido el 17 de octubre de 1977 en las cercanías de la Plaza Guarello, en San Bernardo.
Detalles del caso
Los exmilitares Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo, Juan Morales Salgado y Miguel Krassnoff Martchenko fueron condenados en segunda instancia como autores del delito de secuestro calificado. La sentencia de primera instancia había sido dictada por la ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, en mayo de 2024, donde se impuso a los condenados una pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo.
Condena a cómplice
Además, las ministras María Catalina González, Claudia Lazen y el magistrado Leonardo Varas ratificaron la condena de Enrique Sandoval Arancibia como encubridor del delito de secuestro calificado, aplicándose una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo. Esta pena fue considerada cumplida debido al tiempo que el condenado estuvo en prisión preventiva.
Reacción de la abogada querellante
La abogada querellante, Andrea Gattini, expresó que, a pesar de valorar el fallo, considera que “no se han sopesado los hechos en toda su magnitud y eso repercutió en la calificación jurídica de los delitos cometidos y en la pena impuesta a los condenados”. Por esta razón, se presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para que se recalifique el delito de secuestro por homicidio calificado. Gattini argumentó que “Jenny Barra fue detenida y encerrada en centros clandestinos de tortura y exterminio para sacar toda la información posible y solo luego de haber cumplido ese propósito criminal, fue asesinada y su cuerpo arrojado a un pique minero en la Cuesta Barriga, para asegurar absoluta impunidad. No es solo un secuestro calificado, por lo que presentamos un recurso ante la Corte Suprema insistiendo en una correcta calificación, cuestión que es de toda justicia y esperemos que prospere”.
Contexto histórico
Jenny Barra Rosales fue aprehendida ilegalmente por primera vez el 17 de enero de 1974 por militares de la Escuela de Infantería del Ejército de San Bernardo, permaneciendo seis meses en el campo de detención y tortura del cerro Chena. Posteriormente, fue trasladada a otros centros clandestinos de la dictadura cívico-militar, como Tejas Verdes, la Correccional de Mujeres de Santiago y el cuartel de Tres Álamos. Tras su liberación, continuó con sus estudios de enfermería en la Pontificia Universidad Católica.
El 15 de octubre de 1977, José Miguel Tobar Quezada, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido por agentes de seguridad y trasladado al centro de detención clandestino Villa Grimaldi en la comuna de Peñalolén. Durante las sesiones de tortura, Tobar identificó a Jenny Barra con su nombre político de Hilda, lo que llevó a su detención el 17 de octubre de 1977 tras visitar a una amiga. Al igual que Tobar, Jenny fue llevada a Villa Grimaldi, donde fue sometida a torturas.
Como resultado de las torturas, Jenny Barra proporcionó información que permitió la detención de Hernán Santos Pérez Álvarez, un fotógrafo y militante del MIR, el 19 de octubre de 1977 en la comuna de Pudahuel. La justicia determinó que tanto Tobar como Barra y Santos eran militantes del MIR y colaboraban en la elaboración de la publicación denominada El Rebelde.
Posteriormente, Jenny Barra y José Miguel Tobar fueron trasladados al centro de detención clandestino Simón Bolívar, donde permanecieron ilegalmente encerrados. Se estableció que Jenny Barra “murió en fecha no determinada, de manera violenta, a consecuencia de eventos traumáticos provocados por terceros, tras lo cual su cuerpo fue arrojado a un socavón de la mina ‘Los Bronces’ en la Cuesta Barriga”. En el año 2001, se encontraron solo algunos pequeños fragmentos esqueletizados en el lugar, ya que en enero de 1979, por decisión de la autoridad de la época, agentes de la Central Nacional de Informaciones realizaron un operativo para extraer los restos de los prisioneros ejecutados, que fueron removidos y trasladados a un lugar no determinado conocido como el Retiro de Televisores.
