Un nuevo escándalo judicial envuelve al proyecto minero Dominga, tras revelaciones sobre pagos realizados a abogados involucrados en la trama bielorrusa.
Entre marzo y diciembre de 2023, el estudio de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos recibió la suma de $255,5 millones de Andes Iron, la empresa detrás del controvertido proyecto, a pesar de no haber representado a la firma en los litigios relacionados con el mismo. Según un informe de Reportea, las explicaciones ofrecidas por el estudio para justificar estos pagos han sido contradictorias, oscilando entre la afirmación de que se trataba de honorarios por la entrega de minutas judiciales y la mención de actividades de “lobby judicial”.
El abogado Patricio Leyton, del bufete Ferrada Nehme, que sí defendió a Andes Iron en tribunales, declaró que no tenía conocimiento de que Vargas y Lagos hubieran sido contratados por la empresa, ya que no desempeñaron ningún papel en las acciones judiciales que llevaron a cabo en nombre de la compañía.
Los pagos a Vargas y Lagos se realizaron entre el 30 de marzo y el 15 de diciembre de 2023, bajo el concepto de “honorarios por asesoría jurídica según contrato”, según las facturas presentadas al Servicio de Impuestos Internos (SII).
El proyecto Dominga ha tenido un recorrido tumultuoso. Fue rechazado en 2017 por el Comité de Ministros, pero Andes Iron apeló al Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ordenó repetir la evaluación. En 2021, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó el proyecto, pero en 2023 el Comité de Ministros lo rechazó nuevamente. Ante esta situación, la empresa volvió a recurrir al Tribunal Ambiental, que ordenó una nueva votación, la cual también resultó en un rechazo.
El Tribunal Ambiental ha solicitado otra votación, mientras que el Gobierno y organizaciones ambientales han llevado el caso al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema. Este último tribunal evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto, lo que fue interpretado por los representantes de Dominga como una señal de aprobación.
Un aspecto que ha generado controversia es la relación entre el juez Jean Pierre Matus, quien ha fallado a favor de Dominga, y el estudio de Vargas y Lagos. La esposa de Matus, María Cecilia Ramírez, trabajó con el mencionado estudio y recibió $18 millones entre 2023 y 2024. Además, Matus aparece en las cartolas bancarias de Vargas, donde se registran transferencias cercanas a un millón de pesos entre julio y septiembre de 2022.
Este caso ha suscitado un intenso debate sobre la transparencia y la ética en la gestión de proyectos mineros en Chile, en un contexto donde la seguridad y la regulación ambiental son temas de creciente preocupación.