El próximo martes 15 de octubre se anticipa como una fecha crucial para el futuro político de Óscar Crisóstomo, actual gobernador de Ñuble y candidato a la reelección. En esta jornada, la Corte de Apelaciones de Chillán tiene programado comunicar su decisión sobre el desafuero solicitado por la Fiscalía. Este proceso judicial es de gran relevancia, ya que podría determinar la continuidad de Crisóstomo en su cargo y su aspiración a un nuevo mandato.
Contexto del desafuero
El fiscal jefe de Chillán, en declaraciones a Mega Investiga, explicó que “nosotros decidimos ir directamente a la Corte, para que si la Corte nos dice que concuerda con nuestra postura jurídica, inmediatamente pedir la formalización y las cautelares en una misma audiencia y no dilatarlo tanto”. La Fiscalía busca imputar a Crisóstomo por el delito de “cohecho entre particulares”, un ilícito que, según la investigación, cuenta con pruebas derivadas de una querella presentada en 2021.
Juan Pablo González, uno de los abogados querellantes, comentó: “Desde el inicio de nuestra querella, nosotros venimos dando cuenta de hechos ilícitos que ha cometido esta persona cuando ejerció el cargo de delegado provincial del Serviu, hechos ilícitos que cometió como funcionario público y luego en su faceta privada”.
Defensa del gobernador
La defensa de Óscar Crisóstomo, liderada por el abogado Enrique Aldunate, se muestra confiada ante la decisión que tomará la Corte de Apelaciones. Aldunate calificó de “sin fundamentos” la postura de la Fiscalía, afirmando que “la impresión es que la imputación del Ministerio Público es absolutamente débil, y no tiene ninguna expectativa de éxito en el futuro”.
Detalles del caso de cohecho
Los hechos que motivan el desafuero de Crisóstomo se relacionan con su actividad tras dejar su cargo como delegado del Serviu en Ñuble, cuando fundó la empresa privada “Inmobiliaria Pullay”. El 3 de abril de 2019, Pullay firmó un contrato con una Entidad Patrocinante llamada Acoge Asesorías, que se encargaba de facilitar la postulación al Subsidio de la vivienda otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Según el contrato, Acoge se comprometía a pagar a Pullay un 5% del total de los pagos obtenidos como Entidad Patrocinante, basado en cada beneficiario que obtuviera su subsidio habitacional. El Ministerio Público considera que este acuerdo es ilícito y que el delito de “cohecho entre particulares” se consumó posteriormente.
El 30 de mayo de 2019, Pullay firmó otro contrato con la constructora Firenze, que se encargaría de ejecutar los proyectos habitacionales para 17 familias asistidas por Acoge. El fiscal Sergio Pérez argumenta que este acuerdo transgrede la “libertad de contratación” de los beneficiarios, ya que limita sus opciones al recibir una contraprestación económica por parte de la inmobiliaria.
Por su parte, la defensa sostiene que la contraprestación no es irregular, ya que Crisóstomo simplemente cumplió con un acuerdo contractual que le obligaba a facilitar la contratación de una empresa constructora para llevar a cabo el proyecto.
Investigaciones adicionales
La decisión de la Corte de Apelaciones de Chillán será un hito significativo en este caso. Si la Corte admite la solicitud de desafuero, la Fiscalía procederá a solicitar la formalización de Crisóstomo. En caso contrario, se deberá sobreseer al gobernador en esta arista del caso.
Además, la Fiscalía continúa investigando otros posibles delitos relacionados con la conducta de Crisóstomo, incluyendo la derivación de antecedentes al Servicio Electoral por la posible comisión de delitos electorales durante su campaña para gobernador. El fiscal Pérez indicó que “hay otra arista que tiene que ver con eventuales delitos electorales, donde el Servel es la institución que tiene la legitimación activa”.
En 2021, el Servel ya había recibido una denuncia por supuestos fraudes en los gastos de campaña de Crisóstomo. El abogado Juan Pablo González presentó antecedentes sobre boletas de servicios no prestados y precios desproporcionados. Sin embargo, el Servel archivó la denuncia en agosto de 2022, al no encontrar nuevos antecedentes que invalidaran la aprobación de los gastos de campaña.
Investigación de Procultura
Además del “Caso Pullay”, Crisóstomo enfrenta otra investigación relacionada con los convenios públicos firmados por la fundación Procultura. Esta causa está siendo manejada por la Fiscalía Regional de Coquimbo, que ha llevado a cabo diligencias en la Región Metropolitana y en Biobío, incluyendo registros en domicilios de personas vinculadas a la fundación.
La jefa de la unidad jurídica del Gobierno Regional de Ñuble, Claudia Cabrera, expresó que “colaboraremos con todo lo que nos requiera el Ministerio Público”, enfatizando el compromiso de la institución con el avance de la investigación.
