Milán, conocida como la “Capital de la Moda italiana”, implementará una nueva ordenanza que multará a quienes fumen en espacios públicos a partir del 1 de enero de 2025. Esta medida se enmarca dentro del Plan Aire-Clima, aprobado en 2020, cuyo objetivo es mejorar la calidad del aire en la ciudad. Según información de Europapress, la iniciativa busca reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para el año 2050.
Detalles de la nueva ordenanza
El ayuntamiento de Milán ha comunicado que, a partir de la fecha mencionada, la prohibición de fumar se extenderá a todas las zonas públicas o de uso público, incluyendo las áreas viales. Sin embargo, se permitirán excepciones en lugares aislados donde se pueda mantener una distancia de al menos 10 metros de otras personas. El objetivo principal de esta medida es “mejorar la calidad del aire de la ciudad, proteger la salud de los ciudadanos, incluida la protección contra el tabaquismo pasivo en lugares públicos”.
Las sanciones para quienes no cumplan con esta normativa oscilarán entre 40 y 240 euros, lo que equivale a aproximadamente entre $41.546 y $249.280 pesos chilenos, según CNN Mundo. Es importante destacar que esta prohibición no se aplica a los vapeadores o cigarros electrónicos.
Contexto de la prohibición
La prohibición de fumar en espacios públicos no es una medida nueva en Milán. En 2021, ya se había establecido la prohibición de fumar en parques infantiles, paraderos de buses, instalaciones deportivas al aire libre, así como en cementerios y zonas para mascotas. Esta nueva ordenanza amplía el alcance de las restricciones existentes.
Reacciones a la medida
Las reacciones a esta nueva normativa han sido variadas. Lino Stoppani, presidente de la Federación de Empresas Públicas Fipe Confcommercio, calificó la prohibición como “simbólica”, argumentando que es difícil de aplicar y que las empresas no están obligadas a hacer cumplir la medida. Stoppani expresó que “sin controles adecuados, las ordenanzas corren el riesgo de quedarse en medidas destinadas más a sensibilizar que a resolver”. Además, mencionó que el aspecto positivo es que las empresas públicas no tendrán que asumir el papel de “carabineros”, dejando la responsabilidad de los controles a las autoridades competentes, como la policía local.
El presidente también indicó que no se espera que la medida tenga los efectos deseados, citando debilidades regulatorias y confusión sobre cómo se aplicará la normativa. Sin embargo, afirmó que no se opondrán a la implementación de la ordenanza.