El 19 de diciembre, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un allanamiento en diversas propiedades y hospitales donde trabajaban médicos implicados en la emisión y venta ilegal de licencias médicas a funcionarios públicos. Este operativo, que fue coordinado por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, resultó en la detención de siete profesionales de la salud y un total de 318 funcionarios públicos involucrados en el fraude.
Las autoridades estiman que el fraude médico alcanzó un valor de 20 millones de pesos, con un total de 36,000 licencias médicas emitidas de manera irregular. Según la fiscalía y testimonios de los funcionarios, la principal motivación para adquirir estas licencias era poder salir del país durante el período laboral sin la autorización de sus superiores.
El 24 de diciembre, tras cuatro días de investigación, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva para seis de los médicos implicados, entre ellos un representante legal. Estos individuos enfrentan cargos por asociación delictiva, fraude de subvenciones y lavado de activos, conforme a lo establecido en la Ley 21.746. La mayoría de los acusados son de nacionalidad colombiana y venezolana.
Este caso ha generado un impacto significativo en el sector público, evidenciado por una notable disminución en la emisión de licencias médicas, impulsada por la fiscalización de la Contraloría y los reportes de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). Las investigaciones continúan, y se ha fijado un plazo para la recopilación de nuevos antecedentes relacionados con el caso.