Han transcurrido dos semanas desde las recientes Elecciones Presidenciales y Parlamentarias en Chile, donde Jeannette Jara del Partido Comunista y José Antonio Kast del Partido Republicano avanzaron a la segunda vuelta, programada para el 14 de diciembre. Sin embargo, la situación financiera de algunos candidatos ha generado preocupación, especialmente para aquellos que no lograron obtener un respaldo significativo en las urnas.
Los excandidatos presidenciales Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami (ME-O), ambos independientes, enfrentan serias dificultades económicas tras recibir un escaso apoyo electoral. Según un informe de La Última Noticia (LUN), la relación entre los votos obtenidos y la deuda adquirida es directa, lo que complica la recuperación de los fondos solicitados para financiar sus campañas.
Harold Mayne-Nicholls, quien obtuvo solo el 1,26% de los votos, solicitó cerca de $560 millones en créditos, pero solo podrá recuperar $257 millones. Por su parte, Marco Enríquez-Ominami, con un 1,20% de los votos, pidió alrededor de $600 millones y podrá recuperar únicamente $245 millones.
El sistema de financiamiento de campañas en Chile establece que los candidatos deben rendir cuentas de sus gastos mediante boletas o facturas para poder acceder a los reembolsos del Estado. Sin embargo, cuando los votos son insuficientes, los candidatos deben cubrir la diferencia con recursos personales o donaciones privadas legales.
Tomás Fuentes, experto electoral, explica que los créditos solicitados por los candidatos no son un cheque en blanco. Estos funcionan bajo un sistema denominado “crédito con mandato”, donde el reembolso del Servel se paga directamente al banco. “Por ejemplo, un candidato pide un crédito en un banco con un mandato. Así, la devolución del Servel se paga directamente al banco, porque si el banco te lo paga a ti, podrías quedar debiendo”, señala Fuentes.
En el caso de Mayne-Nicholls y ME-O, aunque dieron un mandato, la cantidad que recibirán es inferior a la que solicitaron. Si no logran cubrir la diferencia, el banco puede iniciar procesos de cobro, incluyendo demandas y embargos. Sin embargo, tener una deuda impaga no inhabilita a los candidatos para postular a futuros cargos públicos.
Este escenario pone de manifiesto las dificultades económicas que enfrentan algunos candidatos en el contexto electoral chileno, donde el financiamiento de campañas se convierte en un factor crucial para el éxito en las urnas.