El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció la instalación de cámaras de seguridad en los liceos emblemáticos de la capital, como parte de una estrategia para combatir la violencia en los establecimientos educativos. Estas cámaras se ubicarán en áreas comunes, como patios y pasillos, del Instituto Nacional, el Internado Nacional Barros Arana (INBA) y el Liceo Barros Borgoño, con el objetivo de proporcionar medios de prueba en caso de incidentes violentos. “No en baños ni salas, para evitar que sucedan hechos de violencia. Y si suceden, que haya medios de prueba; y si tenemos medios de prueba, que estas personas sean condenadas”, afirmó Desbordes.
El anuncio fue respaldado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien destacó que el uso de tecnología para la seguridad en las escuelas está contemplado en el proyecto de ley de Convivencia y Bienestar de las Comunidades Educativas, que se encuentra en proceso de ser despachado a ley. Cataldo subrayó que “lo que debemos hacer es resguardar primero que el uso de esa tecnología no se disponga en espacios privados, como camarines, baños, incluso también a salas de clase”. Además, aseguró que la implementación de estas cámaras cuenta con el acuerdo de las comunidades educativas.
Desbordes también expresó su firme postura ante la oposición a la instalación de las cámaras, afirmando que “quien está en contra de estas cámaras en los patios -no en los baños, no en las salas- o es cómplice de estos grupos, o al menos es una autoridad o un padre que está de acuerdo con que se siga dañando a estos establecimientos”.
La medida se enmarca en un contexto más amplio de preocupación por la seguridad en las instituciones educativas, donde la violencia ha aumentado en los últimos años. La instalación de cámaras busca no solo disuadir actos violentos, sino también proporcionar un registro que permita la identificación y condena de los responsables.
El ministro Cataldo concluyó que el proyecto de ley en discusión incluye protocolos que deben cumplirse para asegurar el resguardo de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito educativo. La implementación de estas medidas de seguridad se presenta como una respuesta a la creciente percepción de riesgo en la comunidad educativa, en un momento en que el país se enfrenta a desafíos significativos en su contexto político y social.