La audiencia del Caso ProCultura estuvo a punto de ser suspendida debido a la renuncia del abogado defensor de María Teresa Abusleme, quien será representada por la Defensoría Penal Pública.
Durante la segunda jornada de formalización, el abogado Mario Valenzuela decidió dejar su cargo tras manifestar “discrepancias con la familia y con ella”, lo que generó un momento de incertidumbre en el Centro de Justicia. Valenzuela explicó que la decisión se debió a que Abusleme se encontraba “muy nerviosa” y “débil emocionalmente” tras su detención, lo que afectó la relación de confianza entre abogado y cliente.
A pesar de la renuncia, la audiencia continuó y el Ministerio Público presentó los antecedentes del caso, solicitando prisión preventiva para cuatro de los cinco imputados, entre ellos Alberto Larraín. Gabriel Prado, el quinto imputado, ya cuenta con una medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, debido a su menor grado de participación en los hechos investigados, que corresponden al año 2022. Su abogado, Alfonso Prado, defendió la posición de su cliente, afirmando que su participación es distinta a los ilícitos que investiga el Ministerio Público, ya que fue contratado en 2023.
El Caso ProCultura ha generado gran atención mediática y social, dado su impacto en la cultura y la política del país. La situación actual de los imputados y las decisiones judiciales en este caso continúan siendo objeto de seguimiento por parte de los medios y la opinión pública.