El impacto de la violencia en la economía de Latinoamérica supera el 4% del PIB, afectando la inversión y productividad, según la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).
María José Chaguaceda, analista de Cesce Riesgo País, destacó en la sesión ‘Riesgo País: Una mirada al Sur Global’ que enfrentar la violencia es esencial para recuperar el crecimiento económico en la región. Este año, se prevé que el crecimiento económico de Latinoamérica alcance un 2,2%, pero Chaguaceda enfatizó que la seguridad es un factor crucial para que este crecimiento sea más significativo.
La analista explicó que el impacto de la violencia varía entre los diferentes países del subcontinente. A pesar de que Latinoamérica representa solo el 8% de la población mundial, concentra el 33% de los homicidios, lo que equivale a aproximadamente 130,000 muertes al año. La tasa de homicidios en la región es de 25 por cada 100,000 habitantes, más del triple de la media global, que es de siete.
El narcotráfico se identifica como un factor clave en esta violencia, ya que Latinoamérica es responsable del 90% de la producción de cocaína a nivel mundial, con Colombia, Perú y Bolivia como los principales países productores. Chaguaceda también mencionó que el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) estima que el costo directo de la violencia en la región es del 1,08% del PIB debido al gasto estatal en seguridad, y un 1,6% por el gasto privado en autoprotección, además de un impacto en el capital humano del 0,7%.
Un 30% de los inversores considera que la violencia es el principal obstáculo para invertir en países latinoamericanos, donde existen grandes disparidades en los niveles de seguridad.
En otro tema, Chaguaceda se refirió al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, calificándolo como una “oportunidad tremenda” que podría crear un mercado de 700 millones de consumidores en una región que representa el 40% del PIB mundial. Este acuerdo, firmado en Asunción el 17 de enero tras 26 años de negociaciones, es considerado la zona de libre comercio más grande del mundo.
Sin embargo, el 21 de enero, el Parlamento Europeo decidió remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE para evaluar su compatibilidad con los tratados comunitarios, lo que ha paralizado su tramitación hasta que se emita un dictamen judicial.