A 20 meses de la desaparición de María Ercira Contreras, la investigación avanza con tres imputados, incluyendo a la dueña del Fundo Las Tórtolas.
El caso de María Ercira Contreras, quien desapareció el 12 de mayo de 2024 en el Fundo Las Tórtolas, en Limache, continúa bajo investigación. La mujer se encontraba en el lugar para celebrar el Día de la Madre con su familia cuando se perdió su rastro. Hasta el momento, tres personas han sido imputadas en relación con su desaparición, entre ellas Mónica Kleinert, la propietaria del fundo.
La indagación se centra en dos líneas principales: la primera busca esclarecer las circunstancias de la desaparición de la adulta mayor, mientras que la segunda investiga una posible obstrucción a la justicia. En este contexto, dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) han sido imputados por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la cadena de custodia de las grabaciones de las cámaras de seguridad del fundo.
Según reportes de 24 Horas, la Fiscalía ha solicitado interrogar a los dos policías implicados. Las acusaciones surgen tras las declaraciones de testigos que afirman que un detective de la PDI intentó entregar una cadena de custodia sin el dispositivo de almacenamiento original. Una de las testigos, funcionaria de la Fiscalía, relató que el detective se negó a dejar el disco duro, argumentando que era utilizado en su unidad, a pesar de la relevancia mediática del caso.
Nadia Mansilla, perito de video, indicó que el detective llegó de manera irregular y no especificó cuántas horas de grabación contenía el material. Al solicitar acceso a la cadena de custodia, se descubrió que solo había seis horas de grabación en lugar de las 24 horas esperadas. Otro testigo corroboró que no firmó ningún documento ni entregó el material directamente a ningún funcionario de la PDI o Carabineros.
Claudio Muñoz, investigador criminalista, destacó que la extracción o copia de los videos a un computador ajeno al dispositivo de almacenamiento representa una falla crítica en la cadena de custodia. La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, aseguró que se han tomado declaraciones a todas las personas pertinentes y que no se han omitido diligencias necesarias en la investigación.
Carla Hernández, nieta de María Ercira, expresó su frustración al comentar que “si tuviéramos esas horas de grabación, quizás podríamos saber qué sucedió con mi abuela”. La situación ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la gestión de la investigación y la protección de la evidencia crucial para el caso.