El caso de la desaparición de María Ercira Contreras Mella, de 86 años, en Limache, ha tomado un rumbo inesperado tras la decisión de la Fiscalía de ampliar el secreto investigativo, lo que ha limitado el acceso de la familia y su abogado, Juan Carlos Manríquez, a los avances de la investigación. Esta medida fue implementada por el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez Psijas, quien argumentó que aún se estaban realizando diversas diligencias desde el 12 de septiembre de 2024. El 6 de diciembre, cuando se levantó el secreto, la familia de Contreras pudo finalmente conocer los detalles de la investigación en curso.
Detalles de la investigación
Entre las acciones llevadas a cabo por la Fiscalía, se destaca la intervención de los teléfonos de los familiares de la desaparecida. Uno de los hijos de María Ercira Contreras ha sido catalogado como “sospechoso”, una acusación que ha sido rechazada por su entorno familiar. Según información de La Tercera, la principal razón detrás de este señalamiento es que el hijo apagó su teléfono móvil durante un almuerzo familiar celebrado el Día de la Madre, el 12 de mayo, en el Hotel Fundo Las Tórtolas de Limache, lo que generó sospechas entre los investigadores.
La familia, sin embargo, defiende que este comportamiento es habitual en el hijo, quien apaga su teléfono los domingos para evitar interrupciones durante su descanso. Además, otro aspecto que ha llamado la atención de la Fiscalía es la denuncia presentada por el hijo sobre el robo de su camioneta y su teléfono en septiembre, de los cuales hasta la fecha no se ha logrado recuperar ni el vehículo ni el dispositivo.
Mensajes y pistas misteriosas
Una de las pistas más intrigantes en este caso se presentó cuando un mensaje de WhatsApp, enviado desde un número desconocido a un miembro de la familia, sugirió que María Ercira Contreras podría haber sido secuestrada por “sicarios” y trasladada al sur del país. El remitente del mensaje se identificó como un trabajador del restaurante donde se llevó a cabo el almuerzo familiar y afirmó estar bajo amenaza. Este mensaje fue enviado antes de que se impusiera el secreto investigativo, y la Fiscalía está actualmente evaluando la veracidad de estas afirmaciones.
El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, ha defendido que no se trata de acusaciones directas hacia la familia, sino de una estrategia para agotar todas las líneas de investigación posibles. Manríquez enfatiza que la Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar todas las motivaciones potenciales, incluidas las que involucran a familiares cercanos. En sus propias palabras, “No son sospechas propiamente tal sobre la familia, la policía tiene un deber completo de objetividad”.