La exministra Marcela Sandoval y funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales advirtieron en al menos tres ocasiones a la Presidencia sobre los problemas que podría acarrear la millonaria compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Estos nuevos antecedentes complican aún más la situación de La Moneda, a pesar de que el Gobierno ya ha desistido del negocio que involucró a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a su tía, la senadora Isabel Allende.
El inconveniente para el Gobierno radica en que tanto la ministra Fernández como la senadora Allende están inhabilitadas constitucionalmente para realizar negocios con el Estado. Debido a esto, desde la oposición se ha activado una ofensiva en el Congreso, que incluye una Acusación Constitucional contra la secretaria de Estado, así como un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
Además, la Fiscalía ha iniciado una investigación liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, tras una querella presentada contra el presidente Gabriel Boric por un abogado vinculado al Partido Republicano.
Los nuevos antecedentes revelan que La Moneda fue advertida sobre los problemas comunicacionales que podría generar la compra de la casa del exmandatario a la familia Allende. Según lo publicado por Ciper Chile, funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales y la exministra Sandoval alertaron sobre los efectos políticos y comunicacionales, dado que se trataba de un negocio con una secretaria de Estado, aunque no se mencionó que la Constitución lo prohíbe.
De acuerdo con el mismo medio de investigación, Sandoval contactó a Leonardo Moreno, asesor presidencial, para expresar las preocupaciones de su equipo sobre el proyecto. Sin embargo, Moreno habría indicado que se trataba de un problema comunicacional que debía manejar la Presidencia, y que Bienes Nacionales solo debía encargarse de la parte técnica.
Se llevó a cabo una segunda reunión entre los gabinetes de Bienes Nacionales, la Subsecretaría de Patrimonio y Leonardo Moreno, donde se reiteraron los reparos. En esta ocasión, se plantearon alternativas a la compra directa, como donaciones o cesiones de uso de los inmuebles de las familias Aylwin y Allende.
Aunque inicialmente desde La Moneda se explicó a Ciper que “a lo largo del proceso, no se formalizaron reparos o advertencias a la Presidencia de la República”, tras conocer las alertas desde Bienes Nacionales, el Ejecutivo evitó responder, argumentando que “existe una investigación penal en curso, en la que ya han declarado y colaborado distintos funcionarios de Gobierno. Por lo que no hay versión de Presidencia ante la consulta.”
