El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue arrestado este miércoles por la tarde en cumplimiento de una orden de la Fiscalía relacionada con un caso de corrupción en el Fondo Indígena. La ex ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó la detención, que representa un nuevo capítulo en uno de los escándalos más significativos de la historia reciente de Bolivia.
Arce es señalado por su papel en decisiones administrativas que habrían facilitado un esquema de desfalco que desvió recursos públicos destinados a proyectos para comunidades indígenas y campesinas. Este esquema irregular se habría originado durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), cuando Arce ocupaba el cargo de ministro de Economía. La investigación indica que Arce autorizó transferencias estatales hacia cuentas personales, incluyendo la de la ex diputada Lidia Patty, quien actualmente se encuentra recluida en el penal de Obrajes.
El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos para financiar iniciativas productivas en áreas rurales. Entre 2006 y 2014, el fondo manejó más de 3.197 millones de bolivianos, equivalentes a aproximadamente 460 millones de dólares. Su directorio, que incluía varios ministerios, buscaba reflejar la participación de organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS), pero terminó consolidando un sistema con controles insuficientes y amplias facultades discrecionales.
Las irregularidades en el manejo del fondo comenzaron a salir a la luz en 2015, cuando la Contraloría detectó 153 proyectos inconclusos o inexistentes, lo que representaba un daño económico inicial de 71 millones de bolivianos. Auditorías posteriores elevaron las observaciones a más de 1.000 proyectos y recalcularon el perjuicio en más de 182 millones de dólares. Se identificaron patrones de desembolsos sin respaldo técnico, transferencias a cuentas personales y la aprobación de iniciativas sin la documentación mínima necesaria.
El caso escaló tras la denuncia del entonces director ejecutivo del fondo, Marco Antonio Aramayo, cuya muerte bajo custodia estatal generó un intenso debate nacional sobre las responsabilidades institucionales. La imputación que ahora enfrenta Arce se centra en su actuación dentro del directorio y en las decisiones administrativas tomadas durante los años en que operó el esquema ilícito.
La detención de Arce se produce en un contexto de profunda división interna en el MAS, que desde 2023 se ha fragmentado entre los bloques de Evo Morales y el propio Arce. Esta ofensiva judicial intensifica la fractura y reordena el panorama político boliviano en un escenario marcado por la incertidumbre y múltiples procesos abiertos por el manejo de fondos públicos durante la etapa de mayor hegemonía del MAS.
El caso del Fondo Indígena pone de manifiesto la importancia de contar con instituciones sólidas y transparentes, ya que la opacidad y la discrecionalidad en la gestión de recursos pueden llevar a situaciones de corrupción y desfalco. En este contexto, el país se enfrenta a la disyuntiva de elegir entre diferentes visiones sobre el rol del Estado y la economía, en un momento crítico para la política boliviana.