Una tensa madrugada se vivió este martes 2 de diciembre en el sector de Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea, donde un procedimiento de desalojo provocó incidentes entre los pobladores y el personal de Carabineros. El operativo, que afectó a más de 30 familias asentadas en la quebrada La Zorra, fue anunciado previamente por el municipio y se llevó a cabo en una zona catalogada como de alto riesgo por las autoridades, debido a la probabilidad de incendios, deslizamientos e inundaciones.
Según el municipio, los residentes habían sido notificados con 30 días de anticipación sobre la medida, la cual fue impulsada tras diversos informes que advertían sobre la peligrosidad del sector y la precariedad de las viviendas. Sin embargo, durante la madrugada, grupos de vecinos levantaron barricadas para impedir el avance de las autoridades, lo que resultó en enfrentamientos y el lanzamiento de objetos contundentes.
En un punto de prensa, el coronel Jaime Parraguez, prefecto de Santiago Andes, explicó que el personal policial tuvo que actuar debido a la resistencia presentada por algunos de los pobladores que iban a ser desalojados. “Nos encontramos con esta resistencia por algunos de los pobladores que van a ser desalojados. Presentaron la resistencia con lanzamiento de elementos contundentes, alterando el tránsito vehicular mediante barricadas. Carabineros tiene la obligación de restablecer el orden público y permitir el flujo normal”, señaló.
El coronel agregó que cerca de 30 personas habrían participado directamente en los desmanes, subrayando que este operativo corresponde a la segunda etapa de un plan de cinco fases diseñado por la municipalidad para abordar la situación en el campamento. Desde Carabineros detallaron que, al llegar al lugar para ejecutar el mandato de la autoridad administrativa, se registró “una resistencia al avance” de las unidades policiales, lo que derivó en las alteraciones al orden público observadas durante la mañana.
Ante el complejo escenario, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, confirmó que se habilitó un plan de apoyo para las familias desalojadas. Entre las medidas, se incluye un subsidio de 340 mil pesos mensuales durante un año, junto con asistencia en mudanza, bodegaje e incluso el resguardo de mascotas. “Lo más relevante aquí es la vida de quienes están ahí, que hoy, en las condiciones actuales, están en riesgo frente a cualquier emergencia de la naturaleza”, enfatizó Alessandri.
El jefe comunal sostuvo que la municipalidad ha trabajado durante meses con las familias, en coordinación con Techo, la Delegación Presidencial y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, debido a la vulnerabilidad del asentamiento, donde, según detalló, no existen servicios básicos como alcantarillado y se registran conexiones irregulares de electricidad.