Desde esta semana, una nueva legislación en Chile ha comenzado a aplicar sanciones más severas contra el transporte informal de pasajeros, enfocándose especialmente en los denominados “taxis piratas” que operan en aeropuertos. La normativa establece multas significativas no solo para los conductores y propietarios de vehículos que operan de manera ilegal, sino también para los pasajeros que utilizan estos servicios informales de forma habitual.
Según la nueva ley, quienes ofrezcan un servicio informal desde un aeropuerto pueden enfrentar multas de hasta 100 UTM, lo que equivale a cerca de $7 millones de pesos chilenos. Para los conductores o intermediarios, conocidos como “captadores” de pasajeros, la multa puede llegar a 50 UTM, y en caso de reincidencia, las sanciones se duplican, alcanzando un máximo de aproximadamente $14 millones. Además, los pasajeros que contraten un taxi informal y sean conscientes de que el servicio no está formalizado pueden ser multados con entre 1 y 3 UTM, es decir, unos $208 mil.
El propósito de esta medida, según las autoridades, es combatir las estafas y abusos que sufren tanto turistas como pasajeros, asegurando que todos los traslados se realicen a través de servicios oficiales y regulados. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó que “nuestro país es un país con amplia vocación turística. Y a todos nos avergüenza, verdad, cuando escuchamos de un turista que ha sido estafado en cuanto pisa suelo nacional… Por un taxista que le cobra cien veces lo que correspondía”.
La ley también introduce mecanismos más rigurosos, como el pago anticipado en mostradores habilitados en los aeropuertos, la entrega de un comprobante y la asignación identificada de cada conductor. Manuel Valencia, sugerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos del Aeropuerto Nuevo Pudahuel, comentó en una entrevista con Radio Bío Bío que estas nuevas normas incrementan las sanciones para todos los involucrados en el transporte irregular, desde los captadores hasta los propietarios de vehículos, e incluso se contempla la posibilidad de sancionar a quienes contraten servicios de transporte ilegal, similar a lo que ocurre en el comercio ambulante.