El Gobierno de Chile ha iniciado oficialmente la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada, que transforma de manera integral el sistema regulatorio del sector. Esta normativa asigna a la Subsecretaría de Prevención del Delito la responsabilidad de regular y autorizar tanto a empresas como a individuos que operan en el ámbito de la seguridad.
La ley establece la obligación de certificar a empresas, guardias y vigilantes, así como la necesidad de elaborar planes de seguridad adaptados a diferentes perfiles de riesgo. Además, introduce nuevas obligaciones de denuncia y estándares laborales que incluyen seguros y medios defensivos.
Para eventos masivos que superen los 3.000 asistentes, se imponen requisitos estrictos a los organizadores y a los recintos donde se realicen. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha señalado que existe un plazo de adecuación de seis meses para que todos los involucrados se adapten a estas nuevas exigencias, advirtiendo que no habrá prórrogas y que la adaptación será obligatoria.
Desde el sector privado, Cristian González, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, ha expresado que el principal desafío radica en la implementación de la ley y ha advertido sobre posibles “cuellos de botella” en el proceso. González ha solicitado que se fortalezca la infraestructura necesaria para llevar a cabo esta transición, destacando que “lo que más nos afecta es la acreditación, que hoy día nos tenemos que acreditar directamente en la Subsecretaría de Prevención del Delito“.
Por su parte, Juan Nicolossi, experto en seguridad y profesor de la Universidad de Los Andes, ha señalado que un posible obstáculo podría ser el presupuesto asignado a la nueva subsecretaría, indicando que “la subsecretaría no cuenta con un presupuesto acorde para cumplir con esta función“.
Se estima que cerca de 500 mil personas, incluyendo vigilantes, guardias, jefes de seguridad, porteros, rondines, operadores de cámaras y asesores, así como diversas empresas de seguridad, deberán cumplir con estas nuevas exigencias dentro del plazo de seis meses que ya ha comenzado a contar.