Un nuevo proyecto de ley en Chile busca sancionar las denuncias falsas en contextos de cuidado personal y violencia intrafamiliar, promoviendo la presunción de inocencia.
La moción, impulsada por el diputado Cristóbal Urruticoechea y respaldada por varias diputadas y diputados, tiene como objetivo abordar el aumento de denuncias presentadas con fines ilegítimos en causas de familia y conflictos penales. Según los autores, estas denuncias pueden resultar en graves consecuencias, como la separación injustificada de hijos de sus progenitores y un daño moral significativo a las personas acusadas, lo que a su vez deteriora la confianza pública en el sistema judicial.
El proyecto de ley busca llenar un vacío normativo existente, ya que, aunque hay figuras como la calumnia, no hay un marco integral que articule las dimensiones penal, civil y familiar. Se propone sancionar las acusaciones falsas, desincentivando su presentación y protegiendo el bienestar de los menores involucrados. Además, se contempla la posibilidad de reparación económica para las víctimas de estas denuncias.
Entre las sanciones propuestas, se establece que quien presente una acusación falsa, especialmente en casos relacionados con delitos sexuales, podría enfrentar penas de presidio menor y multas que oscilan entre 20 y 50 UTM. Si la denuncia falsa resulta en la separación de un menor de su progenitor, el tribunal podría aumentar la pena en un grado, dependiendo de las circunstancias.
El proyecto también permite que los jueces de los Tribunales de Familia restablezcan el régimen de relación directa y regular afectado por una denuncia falsa en cualquier etapa del proceso. Asimismo, se reconoce el derecho de las personas afectadas a demandar reparaciones económicas en sede civil por daños morales o reputacionales sufridos a causa de acusaciones infundadas.
Finalmente, se prevé que el Poder Judicial y el Ministerio Público implementen programas de capacitación para prevenir y detectar denuncias falsas, así como protocolos de sensibilización y formación en esta materia. La iniciativa, que ha completado su primer trámite constitucional, será estudiada por la Comisión de la Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados.