La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción.

La justicia española archiva las denuncias contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción en los hechos denunciados

La Fiscalía española ha decidido archivar la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y trata de personas, argumentando que los tribunales españoles carecen de competencia para investigar el caso. La decisión se produce tras una investigación de tres años realizada por el medio digital elDiario.es, que destapó las acusaciones de dos trabajadoras contra el artista.

El Ministerio Público fundamentó su resolución en la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles” y, por ende, la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para llevar a cabo la investigación preprocesal de los hechos denunciados. Según la Fiscalía, los incidentes habrían tenido lugar en la República Dominicana y en las Bahamas, y no en territorio español. Además, se destacó que Julio Iglesias, de 82 años, “ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad”, a pesar de poseer propiedades inmobiliarias en el país.

La decisión de archivar la denuncia se tomó después de que la defensa del cantante solicitara personarse en las diligencias y pidiera el cierre del procedimiento por la falta de jurisdicción española. La Fiscalía ya había comenzado a analizar la denuncia a principios de enero, antes de que elDiario.es publicara su investigación el 12 de enero. En la denuncia se imputaban, además del delito de trata, varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, conforme al Código Penal vigente en 2021.

La resolución de la Fiscalía no admite recurso y señala a las denunciantes que, si lo consideran necesario, deben presentar su denuncia ante los órganos judiciales competentes. Asimismo, se recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que no corresponde a España investigar hechos ocurridos fuera de su territorio cuando otro Estado tiene competencia clara y efectiva para ello. En este sentido, se precisa que, aunque el delito de trata no tiene fronteras, requiere que las víctimas sean nacionales o residentes en España, condición que no cumplen las dos denunciantes, ambas extranjeras.