La Fiscalía Regional de Antofagasta ha logrado un fallo judicial significativo que desarticula una organización criminal de origen colombiano, condenando a sus nueve integrantes a un total de 184 años de cárcel. Este fallo se produce tras un extenso proceso judicial que tuvo lugar en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, donde se impusieron penas severas a los miembros de la banda, todos de nacionalidad colombiana, que operaban en el campamento Génesis II.
Durante la lectura de la sentencia, los magistrados especificaron las penas individuales, destacando la condena del líder del grupo, Javier Valencia González, apodado en Chile como “Zeus” o “Satanás”, quien recibió 77 años de presidio. Los otros miembros de la banda sumaron 107 años en conjunto, en relación a los diversos delitos que se les atribuyeron.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, enfatizó la importancia de este fallo, señalando que representa la gravedad de los delitos cometidos por la organización. “Estamos en presencia de una sentencia contundente y muy importante para nuestro Ministerio Público, no sólo por la cuantía de las penas, sino porque significa que este grupo criminal, autor de delitos sumamente graves y violentos, pasará muchos años tras las rejas, y su principal líder, Zeus o Satanás, nunca más podrá amenazar la seguridad de nuestra población”, afirmó Castro Bekios.
Previo al juicio, la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja (FACC) había solicitado un total de 300 años de cárcel por 46 delitos atribuidos a los acusados, que incluyen asociación criminal, tráfico de drogas, homicidios consumados y frustrados, lesiones de diversa gravedad, amenazas y porte ilegal de armas y municiones.
El juicio se extendió por más de un mes y requirió estrictas medidas de seguridad para proteger a magistrados, fiscales y testigos, dada la violencia asociada a las actividades delictivas de la banda. Tras la sentencia, las defensas de los condenados tienen un plazo legal para presentar recursos ante el mismo tribunal.
Este caso resalta el compromiso de la Fiscalía en la lucha contra el crimen organizado en la región, y la importancia de la colaboración entre distintas instituciones para garantizar la seguridad pública.