Los diputados de la UDI han anunciado su intención de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si el Gobierno persiste en incluir la controvertida “ley de amarre” en el proyecto de reajuste del sector público. Esta disposición, que busca establecer restricciones más severas para el despido de funcionarios a contrata, ha generado un fuerte rechazo entre los parlamentarios de la oposición, quienes la consideran una medida que favorece a personas cercanas al Ejecutivo.
Los legisladores Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez expresaron su preocupación tras la confirmación del ministro Grau de que el Gobierno reingresará esta norma al Congreso, a pesar de las críticas que ha recibido tanto de la oposición como de algunos sectores del oficialismo. En sus declaraciones, los diputados calificaron la propuesta como un “amarre” y la tildaron de “inmoral”, argumentando que el Gobierno busca asegurar empleos permanentes para sus partidarios. “No vamos a permitir que, sin ningún pudor, se pretenda incluir en una ley de reajuste una norma permanente que deje con empleos vitalicios a partidarios del actual gobierno”, afirmaron.
Ramírez y Alessandri también hicieron hincapié en que, si el ministro Grau no retira esta ley, procederán con la acusación constitucional en marzo. “No vamos a permitir que el Estado se transforme en una agencia de empleo para los partidarios del Gobierno, mientras miles de chilenos, especialmente mujeres, enfrentan el drama de la cesantía”, subrayaron los legisladores.
Además, los diputados anunciaron su intención de dialogar con otros sectores de la oposición, incluyendo al Partido de la Gente, para reunir los apoyos necesarios para llevar a cabo la acusación constitucional. “El Gobierno fue derrotado en las urnas y también culturalmente, y estas malas prácticas deben ser eliminadas de la política chilena. Si insiste con esta norma de amarre, el ministro ya está notificado”, concluyeron.
La propuesta de la UDI ha suscitado diversas reacciones en el ámbito parlamentario, con algunos legisladores criticando el uso de esta herramienta y otros que no descartan apoyar la iniciativa. La situación se complica aún más en un contexto donde las tensiones políticas y sociales continúan aumentando en el país.