La situación económica los empuja a vivir en la pobreza extrema.
La situación de los adultos mayores en Argentina es crítica, ya que la mayoría de las jubilaciones y pensiones se encuentran por debajo de los 200 dólares mensuales, a pesar de que los ajustes automáticos por inflación se han implementado. Según el último informe de la Defensoría de la Tercera Edad, los adultos mayores requieren más de tres veces esa cantidad para satisfacer sus necesidades básicas, lo que indica que el monto que reciben apenas cubre los gastos de alimentación.
En Argentina, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es el principal sistema de jubilación, que abarca a la mayoría de los trabajadores registrados y es administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Este organismo también se encarga de la distribución de planes sociales. Aunque existen sistemas provinciales, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que eran parte del sistema privado, fueron eliminadas en 2008.
Para acceder a la jubilación en Argentina, un trabajador debe haber acumulado 30 años de aportes laborales, lo que representa aproximadamente el 10% de su salario bruto mensual. Además, es necesario haber alcanzado los 60 años de edad en el caso de las mujeres y 65 años para los hombres. Existen excepciones para ciertas actividades que permiten un retiro anticipado o una menor cantidad de años de aportes.
En septiembre, la jubilación mínima en Argentina era de 234.540,23 pesos argentinos, lo que equivale a 193 dólares o 173.700 pesos chilenos. A esta cifra se le suma un bono no remunerativo de hasta 70.000 pesos argentinos, que ha permanecido congelado desde marzo, lo que lleva el total a un máximo de 251 dólares o 225.600 pesos chilenos. La estrategia del gobierno de Javier Milei es que este bono se “licúe” con el tiempo, de modo que eventualmente se elimine a medida que el aumento del haber mínimo lo alcance.
Además de la jubilación mínima, existen otros pagos como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% del haber jubilatorio mínimo, y la Pensión No Contributiva por Vejez, que se reduce al 70%. En ambos casos, también se aplica el bono mencionado.
La Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires ha informado que la canasta básica para los adultos mayores ha alcanzado los 912.584 pesos argentinos, lo que equivale a 751 dólares o 676.000 pesos chilenos. Esto significa que un jubilado necesita más de tres jubilaciones mínimas para cubrir sus necesidades básicas. En los últimos siete meses, el costo de vida para las personas mayores ha aumentado un 54,37%.
El informe detalla que los mayores gastos dentro de la canasta básica corresponden a alimentos, que representan el 26% del total, seguido por vivienda con un 22% y medicamentos con un 16%. El Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, Eugenio Semino, ha declarado que “no es que los jubilados sigan estando mal, es que están cada vez peor y no hay perspectivas de que la situación se revierta. La deuda sigue siendo con ellos”. Semino también ha criticado los bonos como “monedas arrojadas a un pueblo hambriento”, considerándolos inútiles y contraproducentes, y ha advertido que son parches que ocultan un problema más profundo.
En cuanto a la fórmula de cálculo de las jubilaciones, el gobierno de Javier Milei ha implementado cambios significativos. Una de sus primeras acciones fue derogar el modelo de cálculo que había sido establecido durante la administración de Alberto Fernández. Este modelo anterior determinaba los aumentos de las jubilaciones en función de la recaudación de Anses y la variación de los salarios en un trimestre.
Desde julio de 2023, tras la firma del decreto 274/2024 por parte de Milei, las jubilaciones se actualizan mensualmente de acuerdo con el último dato de inflación disponible, que se refiere a los datos de dos meses anteriores. Esto se debe a que los pagos a los adultos mayores se realizan a principios de cada mes, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) promediando la quincena. Por ejemplo, para septiembre se utilizó el IPC del 4,03% correspondiente a julio.
El sistema previsional argentino enfrenta un desafío significativo en términos de solvencia. En marzo de 2023, había 10.698.146 aportantes frente a 7.063.884 beneficiarios pasivos, lo que resulta en un bajo índice de 1,5, cuando el ideal sería de 3. La recaudación actual cubre aproximadamente el 60% de la masa de haberes, en un contexto donde el mercado laboral presenta una alta precarización, con un 50% de trabajadores en la informalidad. Además, casi seis de cada diez jubilados o pensionados han tenido que recurrir a una moratoria estatal debido a la falta de años de aportes requeridos por la normativa.
A principios de septiembre, Milei firmó un veto total a una ley que había sido aprobada en el Congreso, la cual buscaba modificar la fórmula previsional y aumentar los ingresos de los jubilados. Aunque la ley respetaba la actualización mensual por inflación, también incluía un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril, que ya había sido aumentado en un 12,5% por el gobierno. Esta ley también establecía que el haber mínimo no podía ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto.
El veto de Milei, que provocó protestas en las afueras del Congreso, fue finalmente respaldado por los diputados, quienes votaron a favor de su decisión. En redes sociales, Milei defendió su postura de déficit cero en las finanzas del Estado, afirmando: “Hoy 87 héroes frenaron a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit que tanto nos ha costado lograr”. Además, criticó a la clase política por sus intentos de socavar su gobierno mediante maniobras populistas, argumentando que el pago adicional a los jubilados habría representado un gasto del 1,2% del PIB, lo que habría obligado al Estado a incurrir en deuda.