El veto a la ley de financiamiento universitario por parte del Gobierno argentino intensifica las tensiones con la comunidad educativa y provoca protestas masivas.
El 3 de octubre, el presidente de Argentina, Javier Milei, presentó un veto a la ley de financiación universitaria, la cual había sido aprobada el 13 de septiembre. Esta ley contemplaba un reajuste de los recursos destinados a las universidades y a los docentes, teniendo en cuenta la inflación que alcanzó el 236,7% en agosto. El veto de Milei ha generado un fuerte descontento en la comunidad universitaria, que se ha manifestado en diversas protestas y movilizaciones.
El argumento del Gobierno para vetar la norma se centra en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal. Según Milei, la implementación de esta ley comprometería dicho equilibrio. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso ha estimado que la ley tendría un impacto presupuestario equivalente al 0,14% del Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina. Esta cifra ha sido motivo de controversia, ya que muchos en el ámbito académico consideran que el veto afectará gravemente a las instituciones educativas y a los estudiantes.
Las protestas han ido en aumento desde la aprobación del veto. La semana pasada, estudiantes, profesores y personal no docente de las universidades llevaron a cabo una marcha masiva en Buenos Aires. Este miércoles, se realizó una gran concentración frente al Congreso, donde los manifestantes esperaban los resultados de la votación del veto presidencial. Tras el anuncio de los resultados, se produjeron incidentes entre los manifestantes y militantes oficialistas, lo que llevó a algunos de estos últimos a abandonar el lugar tras ser agredidos.
En respuesta al veto, los sindicatos de profesores han convocado a una huelga programada para este jueves, en rechazo a la decisión del presidente Milei. Esta situación se suma a las tomas de facultades que han ocurrido en diversas universidades públicas de Buenos Aires, donde los estudiantes han expresado su descontento con las políticas de recorte de fondos.
El conflicto se ha intensificado desde que el Gobierno implementó recortes en los fondos destinados a las universidades, como parte de un plan de ajuste fiscal. Esta medida afecta a cerca de dos millones de jóvenes que dependen del financiamiento estatal para acceder a la educación superior, la cual ha sido gratuita en Argentina desde 1949.
