El Gobierno de Javier Milei ha emitido una resolución que intimida al personal de la administración pública a cumplir con las condiciones necesarias para acceder a su jubilación. Esta medida ha generado reacciones cautelosas entre los gremios que representan a los empleados estatales, quienes consideran que el impacto de la resolución será “mínimo” y que el anuncio tiene un carácter “efectista”.
Reacción de los gremios estatales
Esta tarde, se llevará a cabo una reunión en la localidad bonaerense de Moreno del Frente de Gremios Estatales, donde se analizará la situación. Sin embargo, la principal preocupación en este momento es la reestructuración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que el Poder Ejecutivo ha anunciado que sufrirá un importante recorte en su planta de personal.
Como parte del proceso de reestructuración del Estado, se ha dispuesto que aquellos que formen parte de la planta permanente y cumplan con los requisitos necesarios del sistema previsional deberán iniciar los trámites jubilatorios ante la ANSES. Según estimaciones oficiales, se estima que unas 10,000 personas se verán afectadas, ya que reúnen los requisitos para acceder al beneficio previsional. Actualmente, la normativa establece que los hombres pueden jubilarse a los 65 años y las mujeres a los 60.
Detalles de la medida
La medida fue oficializada mediante la publicación en el Boletín Oficial el 3 de enero de 2024, por parte del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que está bajo la dirección de Federico Sturzenegger. Desde esta cartera se sostiene que “hay alrededor de 10,000 personas en edad jubilatoria, de las cuales más de 6,800 corresponden a la planta permanente”.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, manifestó a Infobae que “en cada acción que este Gobierno adopta se trata de cosas que ya existen y que están contempladas en la ley. No traen ninguna novedad”. Aguiar también mencionó que “hay algunas excepciones que están bajo tutela sindical, lo que protege la posibilidad de continuar con el mandato. Pero sí, tiene un impacto mínimo. En el caso de las mujeres, lo estamos estudiando porque podían optar por no jubilarse a los 60 y prorrogarlo por otros 5 años. En ese sentido, puede afectar esta intimación”.
El sindicato, que ha mostrado una postura combativa contra las disposiciones que se han adoptado sobre los estatales, considera que la iniciativa podría modificar “la reducción de plazos para el acceso al trámite previsional”. Por el momento, están enfocados en un paro nacional de 36 horas que comenzará el próximo martes 29 de enero y se extenderá hasta el miércoles 30, en apoyo al transporte. Para ese día, está planificada una marcha hacia el ministerio que encabeza Sturzenegger, quien, según Aguiar, “sacó ventaja de esta situación”, en referencia a los recortes en el Estado.
Preocupaciones de otros sindicatos
Otro de los sindicatos involucrados, la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), ha indicado que están “analizando” las implicaciones de la medida gubernamental. Fuentes del sindicato han expresado su preocupación por los “supuestos exámenes de idoneidad” que se llevarán a cabo en diciembre. También han señalado que la reducción a “mínima expresión” de organismos como el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y el Consejo de la Función Pública de la República Argentina (CoFeFuP), creado el 22 de diciembre de 1992, son dos problemas que mantienen en alerta a los trabajadores.
La participación de la UPCN se reunirá en un contexto que recuerda los tiempos de la Alianza, a fines de la década de 1990, para discutir principalmente la disolución de la AFIP bajo la gestión de Milei. Con la nueva normativa, se instruyó a los titulares de las entidades correspondientes a intimar, en un plazo no mayor a 30 días hábiles desde la fecha de publicación, a aquellos que reúnan las condiciones establecidas por la Ley del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para que ingresen al régimen previsional. Los considerandos de la resolución expresan el propósito de “lograr una atención de calidad al bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal con el fin de disminuir el déficit y transparentar el gasto, equilibrando las cuentas públicas”.
