Una grave acusación realizó la Fiscalía General de Brasil en contra del expresidente Jair Bolsonaro, por presuntamente “aceptar” un plan para asesinar por envenenamiento a Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, con el propósito de quedarse en el poder tras perder las elecciones de 2022.
Esto se plasmó en la denuncia que este martes presentó el fiscal general Paulo Gonet en la Corte Suprema, donde imputó a Bolsonaro y a otras 33 personas de maquinar un golpe de Estado para impedir la investidura de Lula.
Detalles de la denuncia
La querella detalla que la trama estructuró “un plan de ataque a las instituciones”, bautizado como ‘Punhal Verde Amarelo’ (Puñal Verde Amarillo, en alusión a los colores de la bandera brasileña), que buscaba “derrocar” el orden democrático.
“Ese plan fue construido y llevado al conocimiento del presidente de la República (por aquel entonces Bolsonaro), que lo aceptó”, señaló Gonet.
El fiscal general basó su acusación en un extenso informe policial, que se divulgó en noviembre y en el que ya se reveló que Bolsonaro tuvo “pleno conocimiento” del potencial magnicidio.
Implicaciones del plan
Ahora, la Fiscalía sostiene que los acusados buscaron “neutralizar” el Supremo y evaluaron “el uso de armas bélicas” contra el juez Alexandre de Moraes, relator del caso en el alto tribunal, y “la muerte por envenenamiento” de Lula.
Además, los imputados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de Bolsonaro, querían “el control total sobre los tres poderes” y establecer un “gabinete central” con la intención de “organizar un nuevo orden” sin Lula en el poder.
Para conseguirlo, pretendían crear un ambiente de “conmoción social capaz de arrastrar al Alto Comando del Ejército a la aventura del golpe”, lo que finalmente no ocurrió.
Gonet afirmó en la denuncia que, como fase inicial, se llevaron a cabo “acciones de monitoreo” a Lula y al juez De Moraes.
Plan de ataque y delitos imputados
“El plan preveía la muerte de los implicados, por medios como explosivos, instrumentos de guerra o envenenamiento”, apuntó.
La Fiscalía General le imputa a Bolsonaro delitos de “tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, “organización armada para delinquir” y “golpe de Estado”.
Ahora será la Suprema la que defina si acepta o no la querella y con ello si se enjuicia al exmandatario y al resto de acusados.
Reacción de Jair Bolsonaro
Horas antes de que se hiciera pública la denuncia, Bolsonaro, que se declara víctima de una “persecución” judicial, aseguró a los periodistas no tener “ninguna preocupación” al respecto.
Bolsonaro tilda de “fantasiosa” la denuncia.
Luego, a través de sus abogados, declaró estar “indignado” tras ser acusado por la Fiscalía de liderar un intento de golpe de Estado, en una denuncia que tachó de “inepta”, “fantasiosa” e “incoherente”.
Bolsonaro “jamás ha apoyado ningún movimiento que pretenda deconstruir el Estado Democrático de Derecho o las instituciones que lo habilitan”, afirmó el abogado Paulo Cunha Bueno en una nota compartida en las redes sociales del exmandatario.
Reacciones políticas
En una de las primeras reacciones tras conocerse la imputación, la presidenta del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la diputada Gleisi Hoffmann, dijo en sus redes sociales que la denuncia es “un paso fundamental en la defensa de la democracia y del Estado de derecho”.
La denuncia de la PGR contra Jair Bolsonaro, su candidato a vice general Braga Netto, además de otros militares deshonrados, su ex-ministro de Justicia y otros cómplices, es un paso fundamental en la defensa de la democracia y del estado de derecho. El procurador general basó su acusación en un extenso informe que detalla las acciones y planes de los acusados.
