El ex embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, ha sido objeto de atención por parte de la Contraloría General de la República debido a la continuidad de su salario tras su expulsión del país sudamericano por el régimen de Nicolás Maduro. Gazmuri, quien ocupó el cargo durante un periodo de 19 meses, fue expulsado después de que el gobierno venezolano no reconociera los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio. A raíz de esta situación, el ex embajador regresó a Santiago y continuó recibiendo su salario hasta el 7 de enero, cuando el presidente Gabriel Boric finalizó su mandato como embajador.
Contexto de la expulsión de Jaime Gazmuri
La expulsión de Jaime Gazmuri se produjo en un contexto de tensiones diplomáticas, donde Nicolás Maduro tomó la decisión de no reconocer los resultados de las elecciones, lo que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas con varios países, incluido Chile. Gazmuri fue llamado de regreso a su país, pero continuó recibiendo su asignación de $21 millones, lo que ha generado controversia.
Reacción de la Fundación Fuerza Ciudadana
La situación fue cuestionada por la Fundación Fuerza Ciudadana, que está vinculada al partido Republicanos. Esta organización presentó un recurso ante la Contraloría solicitando que Gazmuri reintegrara al Fisco de Chile todas las remuneraciones que, según ellos, no le correspondían. En su solicitud, la fundación argumentó que el ex embajador debía devolver el dinero recibido durante su tiempo en Santiago.
Defensa de la Cancillería
La Cancillería defendió la decisión de mantener el salario de Gazmuri, argumentando que, aunque fue llamado de regreso a Chile, seguía siendo el embajador ante Venezuela. En diciembre, la Cancillería explicó que “sigue siendo embajador de Chile ante Venezuela, solo que fue llamado al país ya que ese es el marco administrativo del que disponemos para estos casos, con el que podemos mantener su estatus y el de las relaciones con Venezuela”.
Plazo otorgado por la Contraloría
La Contraloría General de la República ha otorgado un plazo de 10 días hábiles al Ministerio de Relaciones Exteriores para que presente un informe sobre la situación. Este informe debe ser elaborado con la intervención de la asesoría jurídica del ministerio, a menos que el asunto no esté relacionado con la aplicación de normas jurídicas. Además, se requiere que se envíen todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación realizada por la Fundación Fuerza Ciudadana.
