El ministro de Justicia de Chile, Jaime Gajardo, expresó el rechazo del Gobierno a un proyecto de ley que podría beneficiar a condenados por delitos graves, incluyendo a Julio Pérez, conocido como el “psicópata de Alto Hospicio”, quien cumple una condena de cadena perpetua por la violación y desaparición de 14 mujeres en la Región de Tarapacá.
La iniciativa, presentada por senadores de la oposición, busca establecer la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas con enfermedades crónicas, discapacidades mentales o mayores de 80 años. Durante la discusión legislativa, Gajardo advirtió que el proyecto presenta “falencias técnicas y jurídicas” que podrían permitir la liberación de hasta 370 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, así como 365 individuos encarcelados por delitos comunes, entre ellos 192 por abusos sexuales, 155 por violación, 27 por homicidio y 5 por parricidio.
El proyecto fue introducido el 30 de enero de 2025 por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Luz Ebensperger (UDI), Alejandro Kusanovic (Evópoli) y Carlos Kuschel (RN). Gajardo argumentó que la propuesta ignora la visión equilibrada entre los fines preventivos y retributivos de la pena, que ha sido un principio fundamental en la doctrina penal chilena.
El ministro también criticó la falta de definiciones claras en el proyecto, señalando que no se especifica qué se entiende por “enfermedad crónica” ni se establecen parámetros sobre la gravedad de la misma. “Tampoco se define qué se entiende por tratamiento adecuado en el sistema penitenciario, lo que podría dar lugar a interpretaciones equívocas y a inequidades en su aplicación”, añadió.
Gajardo enfatizó que el proyecto se basa únicamente en la edad de los condenados, sin considerar la gravedad de los delitos cometidos, lo que contradice principios del derecho internacional y la necesidad de sanción efectiva para los responsables de crímenes graves. En este contexto, el ministro mencionó específicamente a Julio Pérez, quien podría beneficiarse de la normativa si se aprueba, destacando que “solo por dar un ejemplo, Julio Pérez, que hizo desaparecer y violó a alrededor de catorce mujeres en la Región de Tarapacá, podría ser beneficiario con esta normativa”.
La discusión sobre este proyecto ha generado preocupación en diversos sectores, incluyendo firmas de servicios financieros, que han cuestionado las implicaciones de liberar a condenados por delitos tan graves. La situación se desarrolla en un contexto donde la seguridad y la justicia son temas de alta relevancia en la agenda pública chilena.