En el contexto de la investigación del Caso Convenios, que es liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ha tomado declaración como imputada a Irina Karamanos, quien fue exprimera dama y pareja del actual Presidente Gabriel Boric. Esta situación se ha reactivado tras la revelación de un informe contable reservado de la PDI, que identificó cinco abonos realizados por Karamanos a la cuenta de la Fundación ProCultura. Este caso, que comenzó a tomar fuerza en junio de 2023 con la arista conocida como Democracia Viva, ha generado un nuevo foco de atención en el gobierno de Boric.
Detalles de la investigación
Según la información proporcionada por Radio Bío-Bío, el informe contable, elaborado por la perito contable Tatiana Mora, reveló que entre agosto de 2021 y enero de 2022, Karamanos realizó cinco abonos a la cuenta de la ONG ProCultura, que fue fundada por el psiquiatra Alberto Larraín. Las sumas de estos abonos se aproximan al millón de pesos. Karamanos trabajó en ProCultura durante un periodo de nueve meses.
Reacción de Irina Karamanos
Tras la difusión del informe, Karamanos emitió una declaración a través de sus redes sociales, en la que negó cualquier irregularidad. En su declaración, que fue publicada el 3 de octubre, afirmó: “Niego categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación ProCultura, entidad a la que presté servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de 973.500 pesos mensuales”.
El Presidente Boric también se pronunció sobre el asunto, expresando su plena confianza en que las sospechas en contra de su expareja serán finalmente descartadas. Mega Investiga intentó contactar a Karamanos para obtener una versión oficial, pero ella decidió no ofrecer comentarios en ese momento. Sin embargo, su entorno indicó que estaba preparando un comunicado junto a su equipo de abogados para abordar la situación.
Declaraciones adicionales de Karamanos
Karamanos, a través de su cuenta en la red social X, explicó que se presentó de manera voluntaria ante el fiscal Cooper para “declarar en calidad de imputada -que es lo que corresponde cuando se hacen imputaciones, aunque falsas, en contra de una- para poder exponerlos correctamente”. Afirmó que es “falso que yo haya realizado abonos, y pude comprobar que se trataba de rebotes”. Además, destacó que sus esfuerzos se han centrado en aclarar la situación, señalando que el informe contable de la PDI presenta “desprolijidades importantes”, ya que, según su declaración, “en el título de ‘abonos’ figuran transacciones correspondientes no sólo al pago de sueldos, sino que incluso a pago de estacionamientos, almuerzos y bencina”. Karamanos expresó su confianza en que la PDI rectificará el informe, que considera preliminar.
Reacción de la Fundación ProCultura
La primera respuesta a las acusaciones de Karamanos provino de la entonces abogada de la Fundación ProCultura, Susana Borzutzky, quien emitió un comunicado en el que afirmaba que Karamanos había realizado trabajos para la fundación en el marco de un proyecto denominado “Recreo nos gusta el arte”, que tenía como objetivo la mediación cultural con colegios vulnerables de la región de Valparaíso. Borzutzky también mencionó que, tras la elección de Boric como Presidente y la asunción de Karamanos como primera dama, ella había realizado devoluciones de fondos para evitar cuestionamientos.
Sin embargo, poco después, Borzutzky emitió un segundo comunicado en el que corregía su declaración inicial, afirmando que no había existido tal devolución de fondos por parte de Karamanos. En este segundo comunicado, explicó que, tras un chequeo interno, se verificó que Karamanos había trabajado para la fundación, pero que la información sobre las devoluciones era incorrecta.
Desarrollo de la situación legal
El 9 de octubre, seis días después de la controversia, la abogada Susana Borzutzky renunció a su representación de la Fundación ProCultura, citando diferencias con sus clientes sobre la estrategia de defensa a seguir. En un principio, el fiscal nacional Ángel Valencia había designado al jefe regional de Aysén, Carlos Palma, como el persecutor exclusivo del caso ProCultura. Sin embargo, Palma se encuentra actualmente suspendido del Ministerio Público debido a una investigación en su contra por supuestas filtraciones de información de causas reservadas.
