El nuevo año comienza con importantes temas en la agenda económica, destacando el ingreso al Congreso del proyecto que reformula el impuesto a la renta. Este proyecto es uno de los compromisos acordados entre el Ejecutivo y el Legislativo tras la aprobación de la Ley de Cumplimiento Tributario. Aunque los titulares han puesto el foco en los aspectos más polémicos, como la reducción del impuesto corporativo y el aumento de tributos para los individuos con mayores ingresos, existen otros asuntos significativos que serán parte de la discusión y que generan expectativas en el sector empresarial. Uno de estos temas es la inclusión de incentivos al crecimiento y la inversión que el Ministerio de Hacienda presentará en su propuesta.
Incentivos al gasto en investigación y desarrollo
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha indicado que el proyecto incluirá medidas destinadas a estimular el gasto privado en investigación y desarrollo (I+D). Durante sus conversaciones con diversos actores políticos, Marcel adelantó que se contemplarán nuevas deducciones fiscales que beneficiarán a las empresas que realicen inversiones en este ámbito. En la reforma tributaria original presentada en 2022, el Ejecutivo ya había propuesto mecanismos similares, como un descuento de dos puntos porcentuales en el impuesto a pagar por las empresas que realicen gastos en I+D, productividad, innovación o tecnología, conocido como la “tasa de desarrollo”.
Además, la propuesta original buscaba fortalecer la Ley de Incentivos a la Inversión Privada en I+D, triplicando el monto máximo de crédito tributario disponible, que pasaría de $800 millones a $2.500 millones. Esta modificación también incluiría a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y flexibilizaría los requisitos para que todas las compañías pudieran acceder a estos beneficios.
Contexto del gasto en I+D en Chile
La necesidad de fomentar el gasto empresarial en I+D se ve respaldada por cifras que muestran un panorama poco alentador para Chile en comparación con el mundo desarrollado. Según datos de Deloitte, el gasto en I+D en Chile representa solo un 0,39% del Producto Interno Bruto (PIB), posicionándose entre los cuatro países con menor inversión en este ámbito dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este contexto, Chile solo supera a México, Colombia y Costa Rica, y se encuentra muy por detrás de naciones líderes como Israel (6,02% del PIB), Corea del Sur (5,21%) y Estados Unidos (3,59% del PIB). Además, el promedio del bloque de la OCDE es del 2,73%, mientras que el de la Unión Europea es del 2,11%.
El socio de Tax & Legal de Deloitte, Cristián Meneses, explica que la actual Ley de I+D en Chile permite que un 35% de los gastos en investigación y desarrollo se consideren créditos contra el impuesto de Primera Categoría, con un límite de hasta $1.000 millones por año (15.000 UTM). Meneses también menciona que la información recopilada por la OCDE en uno de sus documentos de políticas, titulado R&D Tax Incentives: Evidence on design, incidence and impacts, demuestra que existe una relación directa entre el aumento del gasto en I+D y la implementación de incentivos fiscales.
Por ejemplo, en Canadá, tras la implementación del SR&ED tax credit, el gasto en I+D creció del 1% al 1,9% del PIB. En Francia, con la introducción del Crédit d’Impôt Recherche (CIR), el gasto en I+D alcanzó aproximadamente el 2,26% del PIB en 2010. Asimismo, países como España y Australia han visto incrementos en su gasto en I+D tras la implementación de incentivos fiscales generosos, lo que ha contribuido al crecimiento y desarrollo económico.
Meneses concluye que los incentivos a las inversiones en I+D han sido herramientas clave para elevar el gasto promedio de los países de la OCDE a cerca del 3% del PIB, mientras que en Chile este gasto apenas alcanza el 0,4%. Además, advierte que la actual ley de I+D en Chile tiene una vigencia limitada hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que significa que el país podría perder esta herramienta si no se realizan reformas. Por lo tanto, sugiere que la discusión sobre la reforma tributaria considere propuestas previas, como el aumento del tope anual del crédito de 15.000 UTM a 45.000 UTM, beneficios preferenciales para proyectos de I+D medioambientales, un régimen diferenciado para las PYME similar al de Corea del Sur o Japón, y mejoras en la forma de aprovechar los créditos en relación a su temporalidad.