El gobierno de Perú ha confirmado avances en la coordinación con Chile para abordar la crisis migratoria provocada por la situación en Venezuela, enfocándose en el control fronterizo y la devolución de migrantes que ingresen de manera irregular. El canciller peruano, Hugo De Zela, anunció que ya se han establecido acuerdos iniciales con Chile en el marco del Comité Binacional de Política Migratoria, cuya última reunión se llevó a cabo en diciembre del año pasado.
De Zela explicó que la estrategia busca enfrentar de manera conjunta el aumento de flujos migratorios irregulares que afectan a varios países sudamericanos. En este sentido, se han intensificado las medidas de control en las fronteras, incluyendo un aumento en la presencia de fuerzas militares y policiales, así como la instalación de sistemas de cámaras de vigilancia. Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado peruano ante un fenómeno que ha superado sus capacidades operativas.
Uno de los aspectos centrales de la coordinación entre Perú y Chile es la cooperación directa entre las fuerzas policiales de ambos países. El canciller detalló que existe un protocolo de entendimiento que permite manejar cualquier situación relacionada con la migración irregular, y se ha acordado que cada país trabajará para evitar la salida irregular de migrantes. En caso de que una persona logre cruzar de manera irregular hacia el país vecino, será devuelta al territorio desde el cual salió, como parte de un esfuerzo por desincentivar estos desplazamientos.
De Zela enfatizó que el objetivo final de estas medidas es garantizar que la migración en la región sea “de carácter regular, segura y ordenada”, alineándose con los estándares internacionales. En este contexto, subrayó que a los extranjeros que no cumplan con los requisitos legales no se les permitirá ingresar a Perú, afirmando que “el Perú ya no está en capacidad de seguir acogiendo a migrantes irregulares”.
El canciller también reconoció que el destino de aquellos migrantes que no puedan ingresar a Perú ni sean aceptados por otros países sigue siendo un tema de discusión a nivel regional, constituyendo uno de los principales desafíos en la búsqueda de una respuesta coordinada a esta crisis migratoria que ha generado tensiones entre Perú y Chile.