A las 10:25 del pasado sábado 14 de diciembre, se reportó el fallecimiento de una lactante de dos meses que fue abandonada por sus padres en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. Este trágico suceso ha generado una fuerte reacción en la sociedad y ha llevado a la legisladora María Luisa Cordero a expresar su profunda indignación, anunciando su intención de interponer una querella criminal contra quienes resulten responsables de esta situación.
Indignación por el caso de la lactante
La diputada Cordero calificó como “inaceptable” que un menor en condiciones de evidente vulnerabilidad termine en una tragedia como la que se ha presentado. En sus declaraciones, la congresista subrayó que este caso no solo pone de manifiesto una cadena de negligencias individuales, sino que también revela “graves fallas en el sistema de protección del Estado, que debió garantizar la seguridad de esta bebé”.
Historial judicial de los padres
La legisladora, quien representa al Distrito 10 de la Región Metropolitana, destacó que ambos padres de la menor tienen un extenso historial judicial, acumulando más de 30 causas entre ambos por delitos graves. Estos delitos incluyen robos, infracciones a la Ley 20.000 y maltrato animal. En particular, la madre ha sido identificada como la misma persona que en 2022 lanzó desde un cuarto piso a una perrita, un caso que también había conmocionado a la opinión pública.
Cordero enfatizó que “es inconcebible que una persona con este perfil siga en condiciones de cuidar a un menor” y agregó que “aquí el Estado falló al no intervenir a tiempo para protegerla”.
Gastos funerarios y llamado a la acción
Además de su indignación, la médico cirujano Cordero manifestó su deseo de costear los gastos funerarios de la bebé como un gesto de humanidad ante una situación tan desgarradora. “Esta bebé fue abandonada en vida y también en su muerte. No podemos permitir que su partida quede en el olvido”, alertó.
Finalmente, la diputada hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de protección infantil y a revisar las falencias de las instituciones responsables de velar por los derechos de los niños y niñas. “Es urgente que el Estado tome un rol más activo y preventivo en casos de riesgo. La infancia vulnerada no puede seguir siendo la mayor víctima de nuestras omisiones como sociedad”, concluyó la parlamentaria de 81 años.
