El Gobierno de Chile ha propuesto una nueva norma que afectará a los funcionarios públicos a contrata, generando un intenso debate en el ámbito político. La cifra de nuevos funcionarios públicos a contrata durante este período asciende a 54.699, de los cuales más de la mitad, es decir, 32.767, podrían quedar “blindados” ante despidos, según un análisis del centro de estudios Horizontal basado en datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
La polémica surge a raíz de una indicación que se incorporará a la ley de reajuste del sector público, la cual establece que los funcionarios solo podrán ser despedidos mediante un “acto administrativo fundado”. Esto implica que la remoción deberá estar sustentada en criterios objetivos y acreditables, y no podrá basarse únicamente en la referencia a necesidades del servicio sin un respaldo fáctico específico. Esta medida se aplicará a aquellos trabajadores que cuenten con al menos dos años de servicio continuo, quienes además tendrán la posibilidad de reclamar ante la Contraloría General de la República si su designación no es renovada.
La oposición ha criticado fuertemente esta iniciativa, argumentando que el Ejecutivo busca “amarrar” a los funcionarios que ingresaron durante la administración del presidente Gabriel Boric. De los 54.699 nuevos funcionarios, se estima que 29.216 cumplirán con el requisito de antigüedad para beneficiarse de esta norma en marzo de 2026. La mayoría de estos nuevos funcionarios se encuentran en los sectores de salud y educación, con 22.949 y 4.688 respectivamente. Otros sectores que también recibirán nuevos funcionarios incluyen gobiernos regionales, con 1.825, y el Ministerio de Obras Públicas, con 988.
Además, se reporta que 818 funcionarios se han incorporado al Ministerio de Hacienda, 693 al Ministerio de Desarrollo Social, y cifras menores en Defensa, Agricultura, Trabajo y Vivienda. En total, se han registrado 119 nuevos funcionarios en Medio Ambiente, 113 en Energía, 93 en Relaciones Exteriores, y otros en diversas carteras.
La controversia se intensifica en un contexto donde la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, ha expresado su apoyo a la autodeterminación de Rapa Nui, lo que ha provocado reacciones de la Cancillería y rechazo por parte de parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores. En el ámbito deportivo, la selección chilena ha agendado amistosos para marzo y septiembre, a pesar de la incertidumbre sobre la contratación de un nuevo entrenador. Por otro lado, la última encuesta Black & White ha abordado la percepción ciudadana sobre la denominada “ley de amarre”.