El Gobierno de Estados Unidos ha justificado una reciente operación militar en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro, amparándose en un dictamen legal de 1989 que le permite actuar sin la autorización del Congreso. Según un informe de CNN, funcionarios de la administración de Donald Trump han señalado que este dictamen, que establece la autoridad del presidente para desplegar al FBI en operaciones internacionales, fue clave para llevar a cabo la acción en territorio venezolano.
El dictamen de 1989 concluyó que el presidente de Estados Unidos tiene la facultad constitucional de investigar y arrestar a individuos acusados de violar la ley estadounidense, incluso si estas acciones contravienen el derecho internacional. Este razonamiento se utilizó para justificar la reciente operación en la que agentes del FBI, junto con efectivos de la Fuerza Delta, participaron en la captura de Maduro y su esposa.
El informe también menciona que la presencia del FBI en el operativo fue vista como un “vacío legal” que permitió a la administración Trump actuar sin el respaldo del Congreso. Este mismo dictamen había sido utilizado anteriormente para justificar la invasión de Panamá en 1989, donde el entonces presidente George H. W. Bush envió tropas para capturar al dictador Manuel Noriega, quien fue posteriormente juzgado en Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos.
Sin embargo, se destaca una diferencia importante entre ambos casos: Panamá había declarado la guerra a Estados Unidos antes de la intervención, lo que no ocurrió en el caso de Venezuela. El dictamen de 1989 también permite al presidente ignorar disposiciones de la Carta de la ONU que prohíben el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otros estados.
Se espera que Nicolás Maduro enfrente la próxima semana a la Corte Federal de Manhattan, donde se le imputarán cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas. En respuesta a la operación, la vicepresidenta de Venezuela ha exigido la liberación de Maduro y su esposa, mientras que el presidente chileno ha afirmado que Chile actuará con responsabilidad y firmeza en defensa de principios irrenunciables.
La situación se enmarca dentro de la nueva doctrina de seguridad de Trump, que busca reinstalar la influencia de Estados Unidos en América Latina, en un contexto donde se han realizado acusaciones contra otros líderes de la región, como el presidente colombiano Gustavo Petro, por supuestos vínculos con el narcotráfico.