Gendarmería de Chile ha confirmado un nuevo error administrativo en la Región Metropolitana que resultó en la liberación de un imputado que debía cumplir prisión preventiva.
El incidente ocurrió el 24 de diciembre, cuando el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de ingreso a prisión preventiva para un imputado. Sin embargo, el personal de Gendarmería encargado de ejecutar esta instrucción no lo hizo, lo que llevó a que la persona quedara en libertad a pesar de la orden judicial que requería su detención inmediata.
Ante la detección de esta irregularidad, Gendarmería ha tomado medidas administrativas contra el funcionario responsable, quien ha sido apartado de sus funciones mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente. La institución ha declarado que esta decisión busca establecer un precedente claro en relación con este tipo de situaciones. “Esta acción es un claro mensaje de que no permitiremos que errores administrativos comprometan la integridad del sistema judicial”, afirmaron desde Gendarmería.
Además, la gravedad del hecho ha llevado a la institución a notificar de inmediato al Ministerio Público, con el fin de que se inicie una indagatoria sobre el incidente. Gendarmería ha enfatizado que “esta grave falta no será tolerada” y que cooperarán plenamente con las autoridades para esclarecer todos los detalles de lo sucedido.
Este nuevo error se produce a pocas semanas de otro incidente que generó una fuerte polémica pública, en el que un interno del Complejo Penitenciario de Rancagua fue liberado sin que existiera una orden judicial que autorizara su salida. En ese caso, Gendarmería admitió que la liberación se debió a una mala interpretación de un documento emitido por el tribunal, lo que llevó a la apertura de investigaciones tanto administrativas como penales.
Ambos episodios han reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar los protocolos internos y mejorar los sistemas de control en el sistema penitenciario, con el objetivo de evitar que errores administrativos continúen afectando la correcta ejecución de las resoluciones judiciales.