El Tribunal Oral en lo Penal de Arica ha emitido este jueves la sentencia contra 34 integrantes del clan Los Gallegos, una célula asociada al Tren de Aragua, condenados por múltiples delitos violentos en la frontera norte de Chile. La Fiscalía de Arica ha conseguido que se impongan penas que suman aproximadamente 560 años de prisión efectiva, debido a una serie de crímenes que incluyen asociación ilícita, tráfico de drogas, tráfico de armas, secuestro y homicidios, entre otros.
Detalles de las condenas
De los 34 condenados, 31 son de nacionalidad venezolana y tres son chilenos. De todos ellos, solo uno, Daniel Márquez, ha recibido la pena de presidio perpetuo por dos homicidios, uno de ellos calificado y el otro simple, además de 16 años por robo con intimidación y asociación ilícita.
Entre las penas impuestas, destaca que Yoneiker Javier Paredes fue condenado a 44 años de prisión, mientras que Jorge Galavis recibió una condena de 26 años. Otros imputados han sido sentenciados a penas de 39 y 32 años, y algunos más han recibido condenas que oscilan entre 541 días y 20 años de presidio.
Comentarios del fiscal
El fiscal Mario Carrera comentó sobre las sentencias: “Hay sujetos a los cuales se les condenó a 20 años o 15 años y no a presidio perpetuo, por ejemplo. Pero sin perjuicio de eso, todas las penas son bajo cumplimiento efectivo y son de una historia bastante grande“.
Importancia del juicio
Este juicio oral comenzó el 22 de abril de 2024 y concluyó el 19 de noviembre del mismo año, siendo considerado uno de los más significativos a nivel nacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, tanto por la cantidad de acusados como por la gravedad de los delitos investigados. El fiscal Carrera afirmó: “Este es un fuerte golpe al crimen organizado, pero no hay que bajar los brazos. Todo el aparato del Estado debe unirse e intensificar la lucha contra estos fenómenos criminales“.
Acciones futuras de la Fiscalía
La Fiscalía ha indicado que está solicitando 12 órdenes de extradición a Estados Unidos, Colombia y Perú, con el objetivo de enviar un mensaje claro de que “quien cometa hechos como los que se cometieron en esta causa, delitos graves, van a ser perseguidos, no solamente en territorio nacional“.
