El presidente Gabriel Boric se reunió en La Moneda con representantes de la agrupación Voces Ex Sename, que agrupa a víctimas y sobrevivientes de vulneraciones en el antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename). En este encuentro, que también contó con la participación del ministro Jaime Gajardo, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, y la presidenta de la Comisión Verdad y Niñez, Soledad Larraín, se discutió el papel de las víctimas en la labor de la Comisión y los avances en materia de reparación y fortalecimiento de la nueva institucionalidad de protección.
Durante la reunión, Boric destacó en sus redes sociales el “importante rol que cumplen en el quehacer de la Comisión para esclarecer la verdad sobre la vulneración de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes bajo custodia directa o indirecta del Estado”. Por su parte, Soledad Larraín calificó el encuentro como “un hecho histórico”, subrayando que es la primera vez que un presidente de la República recibe a sobrevivientes de las vulneraciones cometidas por el Estado a menores bajo su cuidado.
Desde Voces Ex Sename, se enfatizó que “no es posible proyectar un país más justo sin hacerse cargo del pasado”, apoyando la necesidad de dar continuidad al trabajo de la Comisión como un paso esencial para la reparación y las garantías de no repetición.
Este encuentro se produce en un contexto donde se busca abordar las heridas del pasado y avanzar hacia una mejor protección de los derechos de la infancia en Chile. La Comisión Verdad y Niñez tiene como objetivo investigar y esclarecer las violaciones a los derechos humanos de los menores en el sistema de protección estatal, y su trabajo es considerado fundamental para la construcción de un futuro más justo.
En otros temas, se ha reportado que el bono del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) ha elevado el sueldo de Boric de $7 a $10 millones, un beneficio que se paga trimestralmente en función del cumplimiento de objetivos establecidos por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Además, se han presentado críticas sobre el déficit fiscal y se ha discutido la posible acusación constitucional contra Nicolás Grau. En el ámbito educativo, se ha establecido una normativa que prohíbe el uso de celulares en la educación parvularia, básica y media, con diferentes niveles de restricción según el ciclo educativo.