Este martes, el Frente de Trabajadores Penitenciarios (FTP) entregó una carta al Presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, expresando su oposición a la reforma constitucional que propone separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social en Gendarmería de Chile.
En el documento, el FTP sostiene que esta propuesta contradice el marco legal vigente y representa una transformación estructural del modelo penitenciario, la cual ha sido impulsada sin el debido diálogo y participación de las organizaciones gremiales. La carta señala: “Al no haber mayor información, al anunciarse la medida de manera intempestiva y a espaldas de los trabajadores penitenciarios, (…) solo nos cabe interpretar esta acción como una maniobra improvisada”.
Los trabajadores advierten que la separación de funciones podría fragmentar responsabilidades, debilitar los procesos de reinserción, generar problemas de coordinación institucional y distorsionar la misión histórica de Gendarmería, alejándola de los estándares internacionales en materia penitenciaria y de derechos humanos. En este sentido, afirman: “Desde el punto de vista legal, institucional y de derechos humanos, no resulta necesario ni recomendable separar las funciones actuales de Gendarmería de Chile para transformarla en una institución exclusivamente punitiva, en el marco de la seguridad pública”.
El FTP también argumenta que “la seguridad penitenciaria sostenible depende de una interacción dinámica, fluida y flexible tanto de la asistencia, como de la vigilancia y la reinserción, y no de la separación de estos componentes”. Aseguran que dividir funciones fragmenta responsabilidades y debilita la posición del Estado como garante de derechos.
Además, los trabajadores expresaron que esta medida distrae al país de la discusión fundamental sobre el sistema carcelario y la falta de condiciones adecuadas para la reinserción y el desempeño óptimo de la función penitenciaria. En un comunicado, el FTP reafirmó su compromiso con la seguridad pública y aclaró que la existencia de organizaciones gremiales no implica corrupción, respaldando sanciones ejemplares ante cualquier práctica ilícita.
Finalmente, el FTP subrayó que la experiencia de los trabajadores organizados es crucial para diseñar políticas penitenciarias serias, eficaces y democráticas, haciendo un llamado a un debate profundo sobre seguridad, custodia y reinserción social.