La Fiscalía de Bolivia ha confirmado la existencia de una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, así como un pedido de seis meses de prisión preventiva en relación con un escándalo que involucra un presunto abuso sexual a una menor de 15 años durante su mandato. El fiscal general del país, Róger Mariaca, declaró que se está solicitando esta medida excepcional de prisión preventiva en una cárcel pública.
Detalles de la orden de aprehensión
La fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, informó que había ordenado la aprehensión del exjefe de Estado, quien ocupó el cargo de presidente de Bolivia desde 2006 hasta 2019, debido a su negativa a acudir a una citación para responder a la denuncia existente. Gutiérrez explicó que la hipótesis de la Fiscalía es que Morales habría cometido el delito de trata de una menor de edad, en relación con un presunto acuerdo con los padres de la adolescente.
Complejidad del caso
La fiscal Gutiérrez mencionó que el caso es muy complejo, dado que involucra a un exmandatario. Afirmó: “El caso es muy complejo”, y añadió que la orden de aprehensión fue emitida el 16 de octubre, aunque se reveló públicamente solo el lunes. La fiscal también indicó que no había hecho mención de la orden antes debido a la complejidad del caso y a las múltiples negaciones de las acusaciones por parte de Morales.
Contexto político y operativo
Dos días antes de la emisión de la orden, se habían iniciado bloqueos de carreteras por parte de seguidores de Morales, quienes denunciaron lo que consideraron una persecución política y una crisis económica que se había prolongado por 23 días. A pesar de este contexto, Gutiérrez relató que se llevaron a cabo operativos policiales para detener a Morales, quien se encuentra refugiado en su bastión político del Chapare, en el centro del país.
Gutiérrez declaró: “Fue imposible proceder con la ejecución de la orden de aprehensión”, explicando que los conflictos sociales generados por los bloqueos habían puesto en riesgo la vida de los funcionarios policiales y de civiles. La fiscal también mencionó que la policía había presentado numerosos informes que justificaban la imposibilidad de ejecutar la orden de captura.
Imputación formal y alertas migratorias
La fiscal Gutiérrez presentó una imputación formal contra Morales por el delito de trata de personas, señalando que el exmandatario podría enfrentar una pena de entre 10 y 15 años de prisión. Además, solicitó una alerta migratoria para evitar que Morales y la madre de la supuesta víctima abandonen el país.
Antecedentes del caso
El escándalo se remonta a 2015, cuando Morales era presidente. Según el expediente, el exmandatario se habría involucrado con una menor de 15 años, con quien tuvo una hija en 2016. La tesis de la Fiscalía sostiene que los padres de la joven inscribieron a su hija en la guardia juvenil de Morales con el objetivo de obtener beneficios políticos a cambio de su hija menor.
La Fiscalía ha presentado una imputación contra Morales y la madre de la supuesta víctima por el delito de trata de personas agravado. Aunque Morales ha desestimado previamente la denuncia, argumentando que se basa en hechos investigados en 2020 bajo la figura de estupro, la Fiscalía se centra ahora en la presunta trata de personas.
Este es el segundo mandato de aprehensión emitido contra Morales por el mismo caso. En septiembre, la fiscal Gutiérrez ya había ordenado su captura, pero un recurso judicial interpuesto por la defensa del líder aymara logró revocar esa orden. En medio de la contienda por la candidatura de la izquierda para las elecciones de 2025, Morales ha calificado esta investigación como una lawfare, es decir, una persecución judicial orquestada por el gobierno de Luis Arce, su antiguo aliado, con el fin de excluirlo de la carrera electoral.
