Las organizaciones sociales afines al expresidente de Bolivia, Evo Morales, han establecido este lunes tres puntos de bloqueo en las carreteras del centro del país. Esta acción se lleva a cabo en defensa del exmandatario, quien ha sido citado para declarar ante la Fiscalía en relación con un caso que involucra presunta trata de personas y estupro. Además, la Fiscalía ha solicitado considerar la activación de una alerta migratoria contra Morales debido a otros casos de posible corrupción.
Los grupos oficialistas, conocidos como ‘evistas’, han bloqueado dos tramos de la carretera que conecta la región central de Cochabamba con la oriental Santa Cruz, y han instalado un tercer punto de bloqueo en la ruta antigua entre ambos departamentos. Según el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los bloqueos han afectado la transitabilidad en estas vías. En un intento previo, los manifestantes también intentaron bloquear la carretera que va de Cochabamba hacia el occidente del país, cerca de la localidad de Parotani, pero la Policía dispersó a los manifestantes y se mantiene en el lugar para evitar que se instale la medida de presión.
Investigación de la Fiscalía contra Evo Morales
El Ministerio Público de Bolivia está llevando a cabo una investigación contra Morales por los posibles delitos de trata de personas y estupro en relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo. El exgobernante debía comparecer el pasado viernes ante la Fiscalía de la región sureña de Tarija, donde se alega que ocurrieron los hechos, pero no se presentó, y su defensa presentó una excusa legal.
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, anunció que se podría emitir una orden de aprehensión contra Morales para obligarlo a declarar. Sin embargo, hasta el momento no se ha ejecutado dicha orden, y no está claro si ha sido emitida. Desde que se le notificó sobre la posible orden de captura, Morales ha permanecido en el centro del país, donde sus seguidores están vigilando los accesos a la zona del Trópico de Cochabamba, que es su bastión político y sindical, así como la sede de las seis federaciones de cocaleros, organización que él lidera.
Acusaciones de Evo Morales hacia el Gobierno
En una publicación en la red social X, Morales, quien preside el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), acusó al Gobierno de Luis Arce de haber creado “una ruta judicial y violenta para acabar con el proceso de cambio”, refiriéndose a los gobiernos de su partido. Según Morales, los sectores afines a Arce buscan, a través de sentencias, arrebatar la sigla del MAS-IPSP a los movimientos sociales y desean inhabilitar su candidatura para las elecciones generales de 2025.
Morales afirmó: “No les tenemos miedo. El abuso y la violencia siempre encontraron en nosotros una respuesta democrática. Y nuestra candidatura representa la alternativa real que tiene el pueblo boliviano de salir de la crisis, como lo hicimos en 2005.” En respuesta a la situación, el presidente Arce reiteró que “a las niñas y a los niños no se toca, son nuestro tesoro”, al iniciar el pago de un bono estatal que se entrega anualmente a los escolares.
Desde finales de 2021, Arce y Morales han estado distanciados debido a diferencias en la administración del Estado, las cuales se han intensificado ante la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS y elegir al candidato para las elecciones de 2025.
Solicitud de alerta migratoria contra Evo Morales
La Fiscalía General de Bolivia ha solicitado al fiscal departamental de La Paz, William Alave, que revise y considere la activación de una alerta migratoria contra Evo Morales por seis casos de posible corrupción que, según se alega, han quedado impunes. El exdiputado opositor Amilcar Barral informó que, junto a la exparlamentaria Yesenia Yarhui, presentó una solicitud ante el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, para que se active la alerta migratoria y se inicie una investigación contra Morales en estos seis casos.
La solicitud, enviada el 9 de octubre, expresa: “Solicitamos de manera urgente la activación de alerta migratoria contra el ciudadano Evo Morales con el objetivo de evitar su posible fuga y asegurar su comparecencia ante las autoridades judiciales.” Además, se enfatiza la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre varios casos que han quedado impunes. Barral también mencionó que Morales “ni siquiera llegó a declarar en esos casos”.
El fiscal general Lanchipa aclaró en una rueda de prensa que no se trata de un pedido de alerta migratoria, sino que se ha solicitado que se revise la nota enviada y se actúe conforme a lo que corresponda. En el documento enviado a Alave, la Fiscalía General le instruye a actuar “en el marco de sus atribuciones establecidas en el artículo 34.3 de la Ley 260, procese conforme corresponda y que las y los fiscales de materia a cargo de los procesos determinen lo que en derecho corresponda.”
Los exdiputados explican que los seis casos en los que piden que se procese a Morales incluyen contratos adjudicados de manera ilegal a la empresa china CAMC en 2016, la presunta malversación de fondos destinados a proyectos indígenas en 2015, y la sobrevaloración en la adquisición de barcazas chinas en 2012. También se mencionan supuestas irregularidades en proyectos de infraestructura a través de una constructora del Ejército, la adjudicación posiblemente ilegal de contratos en la petrolera estatal YPFB en 2009, y contratos irregulares con pérdidas millonarias con una empresa de servicio de alimentos para la línea aérea estatal Boa.
Esta nueva denuncia se presenta en el contexto de la investigación que se ha abierto contra Morales por los delitos de trata de personas y estupro en relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo. El exmandatario debía declarar el viernes ante la Fiscalía de Tarija, pero no se presentó y su defensa presentó una excusa legal.
