La magistrada del 24° Juzgado Civil de Santiago, Mónica Cortés Rosso, ha dictado una resolución que condena al Estado a indemnizar a los propietarios de la ex Fuente Alemana con un monto cercano a los $500 millones, tras acoger parcialmente la demanda por falta de servicio relacionada con el estallido social.
En su fallo, la jueza fijó diversas reparaciones para los primos Carlo y Claudio Siri, así como para Paula Andrade Ifchenko, esposa de Carlo Siri, por concepto de lucro cesante y daño moral. En total, el tribunal ordenó al Estado el pago de $420.632.333, a pesar de que los demandantes habían solicitado inicialmente una indemnización de $1.200 millones.
Tras conocer la decisión del tribunal, los empresarios anunciaron su intención de presentar un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La abogada de la familia Siri, Josefina Escobar, destacó que el fallo reconoce el abandono que sufrió la ex Fuente Alemana durante el estallido social, un periodo que se extendió por al menos tres años, durante el cual el Estado no pudo garantizar la seguridad y el orden público. “Esto resulta completamente inaceptable”, afirmó Escobar en declaraciones a La Tercera.
El fallo también menciona que, tras el levantamiento de la cuarentena por el COVID-19 en agosto de 2020, las manifestaciones continuaron hasta enero de 2022, cuando Carlos Siri fue agredido al intentar defender el local. Además, se hace referencia a las declaraciones de autoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric sobre la situación en la Plaza Baquedano.
El entonces ministro del Interior, Rodrigo Delgado, reconoció el hostigamiento que sufrían los locatarios de la zona y anunció medidas de resguardo para la Antigua Fuente. Posteriormente, en marzo de 2022, el ministro de Economía, Nicolás Grau, ofreció disculpas públicas en nombre del Estado de Chile por la violencia que afectaba a los residentes y trabajadores de la zona cero, en una reunión en la que participó Carlos Siri.
Este caso pone de relieve las dificultades que enfrentan los negocios en áreas afectadas por la violencia y el desorden social, así como la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de sus ciudadanos.