La Municipalidad de Estación Central, representada por el abogado Carlos Solís, ha solicitado a la justicia que se desestime una demanda de indemnización de perjuicios presentada por la Inmobiliaria Ecuador. Esta demanda surge en el contexto de los denominados “edificios fantasmas”, que son inmuebles que han sido construidos pero que enfrentan extensos plazos para obtener su recepción definitiva, es decir, el permiso municipal correspondiente.
Detalles de la demanda
La Inmobiliaria Ecuador, que está vinculada al grupo Norte Verde y a los hermanos Roberto y Francisco Bascuñán, ha interpuesto una acción judicial contra el Fisco de Chile, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Seremi de la Región Metropolitana, la Municipalidad de Estación Central, su alcalde Felipe Muñoz y el director de Obras, Juan Hernández. La empresa busca que se condene a los demandados a “resarcir los perjuicios causados, más intereses y reajustes”, argumentando que estos son responsables de las “negligencias” que han entorpecido gravemente la tramitación y obtención de la recepción definitiva del denominado Edificio Ecuador, ubicado en calle Coronel Godoy 0157, Estación Central.
Argumentos de la inmobiliaria
La Inmobiliaria Ecuador ha señalado que existen “omisiones y actuaciones ilegales y arbitrarias” por parte de la municipalidad. En su demanda, la empresa ha alegado una “falta de servicio” y un “actuar irregular e ilegal” de la Municipalidad de Estación Central, específicamente a través de su Dirección de Obras Municipales, que rechazó la solicitud de recepción definitiva. Además, la inmobiliaria ha cuestionado la “demora en la conclusión de actos administrativos” por parte de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, así como las falencias de coordinación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que, según la empresa, han dilatado innecesariamente la corrección del rechazo y han provocado un aumento de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales.
Descripción del edificio y proceso de recepción
El Edificio Ecuador es un inmueble de 14 pisos, que cuenta con 172 unidades habitacionales y una placa comercial con seis locales. La construcción fue finalizada en agosto de 2021, y la inmobiliaria presentó inmediatamente la solicitud de recepción final a la Dirección de Obras Municipales. Sin embargo, tras seis meses sin respuesta, la solicitud fue rechazada por la municipalidad, que alegó una supuesta “inconsistencia” en el permiso de edificación.
Requerimientos adicionales y montos solicitados
La inmobiliaria también ha indicado que el alcalde de Estación Central, “sin fundamento legal o reglamentario alguno”, solicitó a las empresas afectadas por situaciones similares que pagaran compensaciones por el impacto urbano que habrían generado. En total, la Inmobiliaria Ecuador ha solicitado indemnizaciones que suman $ 1.683 millones, además de buscar el pago de reparaciones por concepto de lucro cesante y daño moral, aunque no ha cuantificado estos últimos.
Respuesta de la Municipalidad de Estación Central
En respuesta a la demanda, la municipalidad ha argumentado que la causa atribuida a ella como “generadora de daños patrimoniales” se basa en la tardanza en la tramitación de solicitudes en la Dirección de Obras, y que estas decisiones se dictaron conforme a la ley, lo que pone de manifiesto la improcedencia de la demanda. El abogado Carlos Solís ha afirmado que el costo de no recibir ingresos por más de un año, que alega la demandante, son riesgos inherentes al proyecto inmobiliario que asumió la contraparte, y que cada parte debe soportar los riesgos creados en negocios comerciales como el inmobiliario.
Posición del Consejo de Defensa del Estado
El Consejo de Defensa del Estado, que representa al Fisco, también ha solicitado el rechazo de la demanda de la inmobiliaria. Este consejo ha indicado que, tras una lectura atenta de la demanda, se puede apreciar que lo que realmente se cuestiona es el rechazo de la solicitud de recepción final del Edificio Ecuador. Además, ha afirmado que ni el Ministerio de Vivienda ni la Seremi tuvieron injerencia en el rechazo de la recepción definitiva, ni en el requerimiento de una boleta de garantía por UF 5.890,73, que se solicitó para garantizar la ejecución de los espacios públicos. El CDE ha concluido que la demanda debe ser desestimada en todas sus partes respecto a los órganos del Fisco, ya que no existe una falta de servicio por parte de estos, y que no hay relación de causalidad entre los hechos y los daños reclamados, los cuales son considerados inconsistentes e improcedentes.