El Ministerio de Desarrollo Social ha presentado recientemente los resultados de la segunda Encuesta Nacional de Bienestar Social (2023), que complementa la encuesta Casen. Este estudio tiene como objetivo principal proporcionar un diagnóstico sobre las oportunidades que la ciudadanía puede o no acceder, reflejando los logros y carencias que se evidencian en las mediciones socioeconómicas tradicionales. El instrumento se basa en el modelo de bienestar de la OCDE y evalúa el estado del país en 11 dimensiones: ingreso, trabajo, vivienda, estado de salud, balance vida y trabajo, educación, relaciones sociales, compromiso cívico y gobernanza, calidad del medio ambiente, seguridad personal, y bienestar subjetivo.
A pesar de que se ha observado una mejora en el ingreso per cápita, persisten deficiencias en áreas como la formalidad laboral, la seguridad y el acceso a la salud. Entre los hallazgos más destacados de la encuesta, se indica que el 78,6% de la población se siente satisfecha con su situación actual. Sin embargo, un 52,3% de los encuestados reportó vivir en un hogar que enfrenta dificultades para llegar a fin de mes. Además, el 65% de la población manifestó experimentar una elevada carga mental, y el 46,2% se sintió inseguro en su barrio o localidad.
A lo largo de las últimas décadas, la pobreza por ingresos ha disminuido significativamente, pasando del 68,5% en 1990 a un 6,5% en 2022, lo que indica avances importantes. Sin embargo, es fundamental contar con herramientas que permitan realizar diagnósticos profundos para abordar no solo los desafíos que aún persisten, sino también aquellos que emergen con el crecimiento económico.
Las estadísticas oficiales reflejan un notable progreso en el ingreso per cápita, así como en el acceso a la educación, la adquisición de vivienda propia y la reducción del hacinamiento. No obstante, la realidad también pone de manifiesto que la formalidad laboral, especialmente entre los grupos más vulnerables, así como la seguridad y el acceso a la salud pública, son desafíos que el país no ha logrado superar de manera efectiva.
En este contexto, la implementación de este tipo de mediciones es crucial para complementar los instrumentos existentes y ofrecer una visión integral de la realidad socioeconómica del país. Esto es esencial para guiar el diseño, la implementación y la evaluación de programas y políticas sociales. Es importante considerar que los resultados promedio, que suelen captar la atención, ocultan la heterogeneidad del país, donde algunos grupos enfrentan carencias más significativas que otros.
La reciente encuesta también destaca la notable brecha de género y la disparidad geográfica en los resultados. Por lo tanto, las mediciones oficiales requieren un enfoque conjunto y deben ser accesibles a la ciudadanía, permitiendo que el sector privado, la academia y la sociedad civil participen de manera efectiva en la identificación y abordaje de los desafíos que aún enfrenta Chile, sus localidades y los grupos vulnerables.
