El empresario Elon Musk ha presentado una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos, reclamando hasta 134.000 millones de dólares a OpenAI y Microsoft, argumentando que sus contribuciones iniciales a la creación de OpenAI en 2015 le otorgan derecho a una parte significativa de las ganancias generadas por ambas empresas.
En su reclamación, Musk sostiene que su inversión inicial representó aproximadamente el 60% del financiamiento de OpenAI, lo que facilitó la contratación de personal especializado y otorgó credibilidad al proyecto en sus primeras etapas. Según los cálculos de su equipo legal, OpenAI habría generado entre 65.500 y 109.400 millones de dólares gracias a su apoyo, mientras que Microsoft habría obtenido entre 13.300 y 25.100 millones de dólares.
La demanda argumenta que los aportes de Musk han permitido un escalamiento significativo del modelo de negocio de OpenAI, y que los beneficios obtenidos son, por tanto, reembolsables a él como cofundador. Musk es presentado en la demanda como un inversor inicial cuyos aportes han generado rendimientos mucho mayores que la inversión original.
Por su parte, OpenAI y Microsoft han respondido a la demanda con mociones para limitar su alcance, alegando que carece de fundamento jurídico y que es parte de una estrategia de confrontación por parte de Musk, quien actualmente dirige la empresa xAI. En sus defensas, las compañías han calificado los cálculos económicos de Musk como metodológicamente cuestionables y sin precedentes en el ámbito del derecho corporativo, pidiendo al juez que restrinja la evidencia que Musk podría presentar en el juicio.
El caso avanzará a juicio ante un jurado, tras la decisión de un magistrado en Oakland, California, quien determinó que hay suficientes elementos para considerar el fondo del asunto. Se espera que el juicio comience en abril, donde se evaluará si OpenAI incumplió su misión fundacional al reestructurarse como una entidad con fines de lucro. Además de la compensación económica, el tribunal podría considerar la imposición de daños punitivos o emitir órdenes judiciales específicas si se establece la responsabilidad legal de las empresas demandadas.