Un grupo de diputados del partido Demócratas ha presentado un proyecto de ley que tiene como objetivo prohibir el uso de plataformas digitales con fines comerciales a aquellas personas que se encuentren bajo arresto domiciliario. Esta propuesta busca modificar la ley N° 18.216, que regula las penas sustitutivas de la libertad, y ha sido impulsada por los recientes casos mediáticos de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y la excandidata al municipio de Concepción, Camila Polizzi. Ambas, a pesar de estar bajo arresto domiciliario, han incursionado en la venta de contenido para adultos a través de redes sociales.
El proyecto de ley se presenta en un contexto particular, ya que surge un día después de que se hiciera pública la nueva actividad comercial de Barriga, quien, al igual que Polizzi, enfrenta medidas cautelares de arresto domiciliario por diversos delitos. La utilización de plataformas digitales como medio para generar ingresos ha generado un debate sobre los límites de las penas sustitutivas y su aplicación en casos de personas que están bajo procesos penales.
El documento presentado por los diputados de Demócratas argumenta que “no resulta sensato que, por un lado, el legislador persiga y limite el acceso a tecnologías de la información y dispositivos móviles a imputados y condenados por delitos en cárceles comunes, y por otro lado, se permita que imputados con beneficios penitenciarios puedan compartir su vida en redes sociales o emprender comercialmente”. Esta afirmación pone de relieve la contradicción en la aplicación de la ley respecto a los derechos y restricciones de los individuos en diferentes contextos legales.
La iniciativa no se limita a regular el acceso a las redes sociales en términos generales, sino que se enfoca en prohibir específicamente que las personas bajo arresto domiciliario utilicen estas plataformas para obtener beneficios económicos. Esto se ha evidenciado en el caso de Barriga y Polizzi, quienes han encontrado en la venta de contenido para adultos una forma de generar ingresos. El texto del proyecto menciona que “diversos son los casos en que esta medida se vulnera a través de acciones que tienen como finalidad el desarrollo de actividades que, si bien no son ilícitas, no se podrían desarrollar en los recintos penitenciarios regulares”.
Desde el partido Demócratas se ha afirmado que “el arresto domiciliario no puede convertirse en una burla a la justicia”. Se enfatiza que estas personas continúan bajo proceso penal y, por lo tanto, deben estar sujetas a restricciones que no solo protejan a la sociedad, sino que también mantengan el sentido de la sanción impuesta por la ley. Esta postura refleja una preocupación por la integridad del sistema judicial y la necesidad de que las penas sean efectivas y respetadas en todos los casos.