Gobierno prorroga por 18 meses permisos de edificación, permitiendo el desarrollo de 90 mil viviendas y apoyando al sector inmobiliario tras la pandemia.
El gobierno de Chile, bajo la dirección del Presidente Gabriel Boric, ha emitido un decreto que extiende por un período de 18 meses la validez de numerosos permisos de edificación. Esta decisión tiene como objetivo facilitar la construcción de aproximadamente 90 mil nuevas viviendas que estaban en riesgo de perder su autorización debido a la caducidad de sus permisos. Este contexto se presenta en un sector que ha enfrentado serias dificultades a raíz de la pandemia.
El Decreto 33 fue firmado por el Presidente Boric y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, el 27 de septiembre. La medida fue recibida con atención por parte de los ejecutivos de la industria inmobiliaria y de la construcción, así como por los abogados que operan en este ámbito. Sin embargo, surgieron críticas respecto a la tardanza en la publicación del decreto en el Diario Oficial, que no se realizó hasta el 30 de septiembre, lo que generó incertidumbre y presión en el sector. Un abogado del sector mencionó que el retraso en la publicación del decreto provocó que los permisos de edificación de 282 viviendas, aprobados el 6 de febrero de 2020, caducaran.
El lunes 30 de septiembre, en la primera edición del Diario Oficial, el decreto no fue incluido, lo que llevó a comentarios sobre un posible desorden o falta de conocimiento dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) sobre las consecuencias de no publicar la norma a tiempo. Un abogado especializado en la industria inmobiliaria explicó que, inicialmente, se había trabajado en el Decreto 23 para abordar el vencimiento de los permisos, pero se optó por un proceso más ágil, resultando en el Decreto 33, que finalmente fue publicado en una segunda edición del Diario Oficial el mismo día.
El decreto establece en uno de sus considerandos que, “en atención a las situaciones de emergencia y catástrofe que se han establecido en el último tiempo, que han dificultado la ejecución de proyectos de construcción por su impacto económico y en los costos de construcción, se ha hecho necesario y urgente incorporar un nuevo artículo transitorio en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones”. Este artículo permite la prórroga de los permisos de construcción que, aunque vigentes, no hayan iniciado sus obras a la fecha de publicación del decreto.
El primer artículo transitorio del decreto indica que “se entenderán prorrogados por dieciocho meses adicionales, aquellos permisos de construcción que, encontrándose vigentes a la fecha de entrada en vigencia de esta norma, no han iniciado las obras correspondientes”. El segundo artículo establece que “el presente decreto supremo entrará en vigencia en la fecha de publicación en el Diario Oficial”.
Tras la divulgación del decreto, el ministro Montes emitió un comunicado en el que subrayó que la extensión de la vigencia de los permisos es parte de un conjunto de medidas adoptadas desde el inicio del gobierno para dinamizar el sector de la construcción y abordar los desafíos habitacionales del país. Según datos de la consultora TOCTOC, antes de la emisión del decreto, se esperaba que entre julio y septiembre de 2024 vencieran las autorizaciones de 319 proyectos inmobiliarios en la Región Metropolitana, lo que representaría el 41% del total de las obras en la capital, una cifra récord en la historia de la industria.
Rodrigo Andreucci, socio del estudio Andreucci & Torrejón, estimó que a nivel nacional, alrededor de 90 mil viviendas podrían haber perdido sus autorizaciones. La caducidad de un permiso de edificación conlleva la pérdida de toda la inversión realizada, así como de los derechos municipales pagados, lo que podría resultar en una disminución del valor de la propiedad de al menos un 20% en su tasación comercial.
La situación que llevó a esta prórroga se debe a que, durante la pandemia, los permisos de edificación se vieron congelados debido a un decreto del Ministerio de Vivienda, y su vencimiento estaba programado para el 30 de septiembre. Además, la inflación ha reducido el poder adquisitivo de los compradores, lo que, junto a restricciones financieras, ha provocado una disminución significativa en la demanda de viviendas nuevas y en el inicio de proyectos de construcción.
Ante esta compleja situación, la industria inmobiliaria y financiera expresó su preocupación, ya que la pérdida de un permiso de edificación también implica costos significativos para las obras, dado que muchas iniciativas tendrían que ser reformuladas debido a cambios en las normativas de construcción. En respuesta a un llamado del sector en julio para que se dictara una postergación excepcional de la vigencia de los permisos, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 33, que ya está en vigor. Sergio Correa, gerente Inmobiliario de la intermediadora Colliers, destacó que esta prórroga no solo proporciona un alivio a las empresas del sector, sino que también permite el desarrollo de aproximadamente 90 mil nuevas viviendas, contribuyendo al desarrollo urbano y al crecimiento económico.
