La reciente aprobación de una ley en Chile que eleva los requisitos de admisión a las carreras de pedagogía ha generado un intenso debate en el ámbito educativo. La normativa, que recibió 124 votos a favor y una abstención en el Congreso, establece que las nuevas exigencias comenzarán a aplicarse entre 2026 y 2029. Según el texto de la ley, los aspirantes a ingresar a estas carreras deberán alcanzar un percentil mínimo en la prueba de admisión, comenzando con un percentil 33 en 2026, aumentando progresivamente hasta un percentil 47 en 2029. Para el año 2030, se prevé que el requisito se eleve aún más, exigiendo un percentil de al menos 60% en la prueba PAES, que es la evaluación utilizada para el ingreso a la educación superior.
La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, ha defendido la ley argumentando que su objetivo es mejorar la calidad de la formación docente y abordar la baja matrícula en las carreras de pedagogía, así como la escasa presencia de docentes en el país. La intención es también diversificar las especialidades y áreas de conocimiento de los futuros profesores.
Sin embargo, la medida ha suscitado críticas significativas. El Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) expresó su preocupación en diciembre de 2024, advirtiendo que la ley podría ocasionar un “daño irreparable” en la formación inicial de los maestros en Chile. Esta controversia refleja las tensiones existentes en el sistema educativo nacional, donde se busca equilibrar la calidad de la enseñanza con el acceso a la formación docente.
La implementación de esta ley se enmarca en un contexto más amplio de reformas educativas en el país, donde se busca mejorar la calidad de la educación y la preparación de los futuros educadores. Las reacciones a esta normativa continúan desarrollándose, y se espera que el debate sobre sus implicaciones y efectos en el sistema educativo chileno siga en el centro de la discusión pública.