La tarde de este lunes, el Gobierno de Chile anunció la renuncia de Cristóbal Sepúlveda Miranda, director general de la Tía Rica, tras la controversia generada por un informe de la Contraloría que evidenció un “débil control” en las operaciones de empeño de la institución.
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social comunicó que se solicitó la renuncia de Sepúlveda, quien ocupaba el cargo desde su designación a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). A partir de este momento, la subrogancia del cargo recaerá en Juan Andrés Troncoso, jefe jurídico de la institución.
El informe de la Contraloría reveló que en 2023 se registraron 4.769 usuarios con transacciones recurrentes en la Tía Rica, quienes realizaron entre 10 y 229 operaciones por un total de $7.139 millones. En 2024, el número de usuarios aumentó a 4.895, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona.
Además, se identificó que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por un total de $1.507 millones, sin recuperar las especies empeñadas. A pesar de estas irregularidades, la Tía Rica no presentó denuncias ni proporcionó información a las autoridades competentes.
El informe también destacó la falta de procedimientos básicos en la Dicrep para verificar datos personales, la procedencia lícita de los bienes y la identidad de los usuarios que empeñan objetos a cambio de dinero. Esta situación ha generado preocupación sobre la gestión y control de las operaciones de empeño en la institución.