La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha enfrentado nuevas restricciones en su régimen de prisión domiciliaria tras recibir 77 visitas en un periodo de 80 días, lo que ha generado un fuerte descontento en la exmandataria. La Justicia ha decidido limitar sus visitas, lo que ha sido interpretado por Fernández de Kirchner como una medida injusta, denunciando a través de la red social X la existencia de un “bestiario mediático” que influye en el sistema judicial.
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 ha tomado esta decisión en respuesta a la cantidad de visitas que ha recibido la exmandataria en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires. Según informes, la mayoría de sus visitantes han sido figuras del peronismo, incluyendo a Lula Da Silva y otros economistas, quienes se reunieron con ella para discutir propuestas económicas. Sin embargo, el juez Jorge Gorini ha señalado que estas reuniones no estaban autorizadas y que la naturaleza de la prisión domiciliaria debe ser respetada.
La nueva resolución establece que Cristina Kirchner solo podrá recibir visitas de su círculo cercano, limitadas a un máximo de tres personas por vez y con una duración de hasta dos horas, dos veces por semana. Cualquier visita deberá contar con autorización previa del tribunal, y el incumplimiento de estas normas podría resultar en su traslado a una prisión convencional.
En paralelo, el TOF ha avanzado en el proceso de decomiso de propiedades vinculadas a Cristina Kirchner y otros condenados en la causa de corrupción conocida como Vialidad. Se ha ordenado el decomiso de un total de AR$ 684.990 millones (aproximadamente $456.660 millones de chilenos) en bienes, que incluyen propiedades de la expresidenta y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. Entre los bienes a ser incautados se encuentra un inmueble de 6.000 metros cuadrados en El Calafate, así como otros 19 inmuebles que han sido considerados producto de actividades ilícitas.
El tribunal ha indicado que los bienes decomisados se utilizarán para reparar el daño causado por la corrupción, y que la Corte Suprema de Justicia será la encargada de gestionar estos activos. La lista de propiedades de Lázaro Báez, un empresario condenado en la misma causa, incluye 84 inmuebles, lo que refleja la magnitud de la corrupción en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La situación de Cristina Kirchner continúa siendo objeto de atención mediática y política, especialmente en el contexto de su condena por administración fraudulenta, mientras que el proceso de decomiso de bienes sigue su curso en el sistema judicial argentino.
