El director jurídico de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Cristián Romero, destacó este martes el capítulo del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, el cual introduce modificaciones a diversos cuerpos legales que impactan el desarrollo de proyectos de inversión. Romero calificó esta dimensión como “positiva”, ya que no solo aborda el tema de manera general, sino que también realiza intervenciones específicas enfocadas en la colaboración con entidades privadas y en la obtención de autorizaciones. “Creemos que esta parte del proyecto puede tener un impacto gigantesco en la aceleración o en la mejora del ambiente de inversiones si es que se están priorizando aquellos servicios que otorgan permisos críticos”, afirmó Romero, quien participó como expositor en la comisión de Economía del Senado, donde la iniciativa legal, impulsada por el Gobierno, sigue en discusión tras su aprobación en la Cámara de Diputados.
Detalles del proyecto de ley
El ejecutivo explicó que los plazos de aprobación que pueden extenderse hasta 15 años no se refieren a los más de 300 permisos existentes, sino que están relacionados específicamente con 25 autorizaciones que afectan la ruta crítica de los proyectos. “Esta parte del proyecto es valiosísima, porque abre la puerta para que se puedan hacer intervenciones más allá de otros proyectos que se están tramitando para de verdad intervenir en aquel aspecto”, añadió Romero.
Oficina de Autorizaciones Sectoriales
Romero también se refirió a la creación de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, que se encargará de hacer seguimiento a los grandes proyectos de inversión y que formará parte de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, entre otras funciones. Aclaró que, aunque los objetivos de esta oficina son amplios y están alineados con el espíritu de la ley, la unidad no contará con mayores atribuciones, actuando como un ente acompañante y coordinador que ofrecerá servicios más especializados. Sin embargo, su efectividad dependerá de la disposición de los servicios sectoriales. “O sea, de ninguna manera la oficina va a poder imponer algún criterio, alguna solución, alguna respuesta al servicio público”, enfatizó durante la sesión.
Creación de la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas
Además, Romero mencionó que se está tramitando un proyecto que establece la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, la cual abordará las políticas públicas desde la perspectiva de planes y programas, así como su regulación. En este contexto, advirtió sobre la posibilidad de que se generen “espacios de traslape” entre las funciones de ambas instituciones. “El llamado que hacemos es a tener cuidado para que haya una coherencia, si es que se van a mantener las dos, de manera de que no se generen decisiones contradictorias”, alertó. No obstante, precisó que “probablemente no ocurran, porque el punto de que esta entidad fundamentalmente lo que hace es emitir recomendaciones, la otra entidad va a tener un poquito más de dientes”, concluyó.
